El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene esta semana varios asuntos importantes en su orden del día, entre ellos se encuentra el recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra la Ley de Memoria Democrática, que busca reescribir la historia de España durante la Transición y la Constitución, de la que el partido se siente "enormemente orgulloso y satisfecho". Este recurso viene después de que el pasado 7 de febrero admitieran a trámite el recurso que presentó Vox contra esta norma.

Además, el TC también deliberará sobre la admisión a trámite de los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Galicia, Madrid y Andalucía contra uno de los artículos de la ley sobre el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros. El Ejecutivo andaluz considera que esta ley podría vulnerar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como el derecho de representación política, el principio de lealtad constitucional, institucional y el principio de seguridad jurídica.

Otro recurso importante que se abordará es el de Vox contra la ley conocida como 'Ley Celaá' de Educación. Los de Santiago Abascal impugnan la parte más sectaria de la ley, según ellos, la que guarda relación con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular. El magistrado Ricardo Enríquez propuso declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género".

Por último, también se abordará el recurso de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar del Diario de Sesiones la expresión "hijo de un terrorista" con la que la entonces portavoz parlamentaria popular se refirió al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en 2020.