SEVILLA, 17 de diciembre. En un desarrollo alarmante para la salud pública, el Defensor del Pueblo Andaluz ha comenzado a examinar los datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras una queja de oficio relacionada con serias irregularidades en el programa de cribado de cáncer de mama. Esta situación ha impactado a más de 2.300 mujeres, generando una creciente preocupación social. El Defensor en funciones, Jesús Maeztu, anunció el 16 de octubre el inicio de una investigación destinada a arrojar luz sobre los problemas reportados en este crucial programa de detección precoz.

Desde su aparición en la noticia, la institución ha expresado inquietud y consternación ante la gravedad de lo sucedido, señalando que su objetivo es esclarecer las causas y el alcance de los efectos negativos provocados por la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en estas pruebas preventivas.

Maeztu destacó que es la primera vez en tres décadas que el programa enfrenta una investigación general, que superaría el limitado ámbito de examen de casos individuales —que han sumado cinco en los últimos años—. A su juicio, la alerta social generada, la admisión pública de deficiencias y la necesidad de una reparación justa hacen necesaria esta acción.

El detonante de esta investigación han sido las voces de mujeres afectadas y los pronunciamientos de la asociación Amama, acentuados por la “confirmación” de funcionarios de la Consejería de Salud respecto a que al menos 2.000 mujeres con resultados de mamografía “no concluyentes” no tenían conocimiento de su estado, al no recibir información sobre sus pruebas.

En palabras de Maeztu, su compromiso es actuar en el tiempo que le queda para recuperar los derechos que han sido comprometidos y para reparar el “dolor” causado. Reconoció que si no hubiera iniciado esta investigación, se estaría ignorando el sufrimiento de muchas personas. “Este podría ser el caso más complejo que hemos asumido en la Defensoría hasta la fecha”, afirmó con firmeza.

El Defensor del Pueblo subrayó la imperiosa necesidad de restaurar la confianza en el programa de cribado de cáncer de mama, indicando que la investigación facilitará “poner luz” sobre los errores detectados, que afortunadamente han salido a la luz.

Se considera “especialmente grave” que mujeres con hallazgos catalogados como lesiones dudosas o no concluyentes no hayan sido informadas ni citadas para continuar con los estudios o realizar seguimientos. Esta carencia podría vulnerar el derecho a la protección de la salud y violar las normas sanitarias actualmente vigentes sobre la comunicación de información clínica.

Asimismo, el Defensor del Pueblo enfatizó que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está garantizado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 sobre Autonomía del Paciente. La falta de comunicación no solo afecta derechos fundamentales, sino que puede resultar en la pérdida de oportunidades de atención o generar daños que podrían haberse evitado.

En su búsqueda de respuestas, el Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS información clara en tres áreas principales, además de un cuarto bloque que indaga sobre los resultados de la investigación y auditoría. En primer lugar, se requiere clarificar las razones detrás de la falta de comunicación de ciertos resultados del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

También desea saber si dicha práctica está alineada con algún protocolo específico, instrucciones internas o criterios de otra índole; si se aplica uniformemente en todo el sistema de salud pública o solo en ciertos centros, y cuántas mujeres han sido afectadas, tanto en número como en porcentaje, por falsos positivos o resultados que no se consideraron comunicables.

El segundo bloque busca datos sobre la atención brindada a las mujeres con resultados dudosos o no concluyentes, incluyendo la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico en hospitales públicos, los plazos de respuesta, el número de profesionales involucrados y cuántas pacientes aún esperan completar sus estudios diagnósticos.

Por último, el Defensor requiere información sobre la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz, preguntando sobre la existencia de mecanismos para revisar resultados y procedimientos, la frecuencia de dichas revisiones desde 2022, y cualquier actualización o mejora implementada.

También ha solicitado acceso a los informes de evaluación desde ese año y a los indicadores registrados. Además, pregunta sobre las actividades de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, indagando si cuenta con un plan en marcha o necesita nuevas normativas para funcionar efectivamente.