CÓRDOBA, 16 de diciembre. Un capítulo preocupante en la historia militar de España se escribe hoy, ya que la Fiscalía Militar ha solicitado penas severas para dos oficiales implicados en la trágica muerte de dos soldados durante un ejercicio en la base de Cerro Muriano, Córdoba. El capitán Zúñiga se enfrenta a una solicitud de ocho años de prisión, mientras que el teniente Tato podría recibir una condena de cinco años. Las víctimas, el soldado Carlos León Rico y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, eran parte de la Brigada Guzmán El Bueno X y perdieron la vida en el incidente ocurrido el 21 de diciembre de 2023.

De acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Europa Press, el capitán Zúñiga es señalado como principal responsable por su "participación material y directa" en lo que se califica como delitos que afectan la eficacia del servicio, en virtud del artículo 77.1 del Código Penal Militar, vinculándose con el artículo 142.1 del Código Penal. El teniente Tato también figura en estas acusaciones, lo que ha llevado a un clima de tensión entre las fuerzas armadas y la búsqueda de justicia.

En contraste, la Fiscalía ha decidido absolver a un teniente coronel y un comandante que estuvieron inicialmente bajo investigación, considerando que sus acciones no constituyen responsabilidad penal. Para ellos, se solicita una absolución completa, con todos los pronunciamientos a su favor.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía ha exigido a los procesados un total de 422.174,40 euros como compensación económica, que se destinarán a los familiares de ambos militares fallecidos. Esta suma se reclama de manera solidaria, mientras que el Estado se considera responsable civil subsidiario, de acuerdo con el artículo 121 del Código Penal Común.

El proceso legal se inició en julio de 2024, cuando el Juzgado Togado Central Número Dos de Madrid decidió procesar no solo al capitán Zúñiga y al teniente Tato, sino también a otros altos oficiales, incluyendo un sargento, un teniente coronel, un comandante y un coronel. Sin embargo, ya se han revocado los procesamientos de algunos de estos implicados, dejando la atención centrada en los dos oficiales principales ante un panorama que aún es objeto de análisis y seguimiento por parte de las autoridades y la sociedad civil.