SEVILLA, 24 de diciembre.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una alerta sobre la notable desigualdad en la adopción de contadores de agua con tecnología de telelectura en las principales ciudades de la comunidad. Por ejemplo, se ha constatado que en Granada este tipo de contadores solo representan un 3% del total, mientras que en Huelva la cifra alcanza el 15%.

Además, la institución resalta la preocupante dependencia que tienen las compañías suministradoras de las ayudas económicas para fomentar la digitalización de los contadores domésticos de agua. Esto contrasta con el uso más extendido de sistemas digitales en el monitoreo y control de la red de abastecimiento de agua, que ya se implementa con eficacia a nivel de sectorización y telecontrol.

La inquietud del Defensor del Pueblo surge tras la apertura de una queja de oficio en enero de 2024, motivada por numerosas denuncias relacionadas con facturas de agua elevadas que no reflejaban un consumo real, especialmente en caso de averías internas. El objetivo es establecer protocolos que impulsen a las suministradoras a adoptar un enfoque proactivo en la detección de fugas, así como a reducir los plazos para la toma de lecturas de consumo y evitar el derroche.

Tras analizar la situación, el Defensor concluye que la implementación de tecnologías digitales en el ámbito del consumo urbano de agua es extremadamente variable en Andalucía. Algunos municipios y entidades que gestionan el servicio han logrado integrar sistemas digitales en hasta un 70% de su infraestructura de contadores, mientras que otros se encuentran muy rezagados.

En particular, se observan diferencias significativas entre las capitales de provincia, donde hay lugares que apenas alcanzan cifras tan bajas como el 3% de telelectura en Granada o el 15% en Huelva. Estas áreas tienen proyecciones de desarrollo que se estiman por debajo del 10% o 30%, lo que resulta alarmante en comparación con otras ciudades donde la digitalización ya es amplia.

El análisis también revela que muchas entidades operan con un escaso porcentaje de contadores digitales, que puede variar entre el 1% y el 35%. Frente a la necesidad de invertir en estas mejoras, se destaca la difícil situación económica de algunos municipios, que dependen en gran medida de las ayudas gubernamentales para llevar a cabo las esperadas transformaciones tecnológicas.

Algunas administraciones han admitido que no tienen los recursos financieros necesarios para realizar el cambio a contadores de telegestión, que ofrecen información útil para los usuarios, así como sistemas de alerta para detectar consumos anómalos por posibles averías. Esto subraya la necesidad de ampliar las convocatorias de subvenciones públicas.

El Defensor también ha abordado la Ley de Economía Circular de Andalucía, que ha generado un debate en torno a los plazos establecidos para la digitalización obligatoria de los sistemas de gestión de recursos hídricos. Muchos proveedores de agua argumentan que la norma no exige una digitalización total de los contadores para la fecha establecida y que cumplir con una demanda así implicaría un desmesurado esfuerzo financiero, lo cual tendría repercusiones en las tarifas que los usuarios tendrían que pagar posteriormente.