SEVILLA, 8 Oct.

Unos 620.600 empleados públicos en Andalucía se verán beneficiados por el aumento salarial del 0,5% aprobado por el Gobierno, que se aplicará en la nómina de octubre con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Esta medida, aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, se encuentra contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como una forma de compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que "con este aumento, resultado del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, estamos ajustando los salarios de los empleados públicos a los incrementos de precios provocados por las consecuencias de la guerra en Ucrania, al tiempo que contrarrestamos las consecuencias de la política de recortes del gobierno anterior", según informa una nota de prensa de la Delegación del Gobierno.

A esta mejora, Fernández ha sumado las diferentes convocatorias de empleo público abiertas en la Administración General del Estado, "lo cual persigue un objetivo común: mejorar la calidad de los trabajadores, reducir la temporalidad y restablecer su capacidad adquisitiva, al tiempo que, de manera indirecta, tiene un impacto directo en otros sectores relacionados con los servicios de ocio y consumo".

En toda España, esta medida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que trabajan para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellos están empleados por las Comunidades Autónomas, que representan casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas les siguen en número de personal las Entidades Locales y la Administración Central. La inversión para implementar esta medida ascenderá a 791 millones de euros, con un aumento promedio de 180 euros en el salario anual.

Este aumento salarial se debe a la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2023 y se comenzará a percibir en la nómina de octubre, cumpliendo así con lo acordado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el 'Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI'.

Este incremento retributivo se lleva a cabo al cumplirse lo establecido en la ley de PGE correspondiente a 2023, que contempla esta posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y los datos del IPC adelantados por el INE para el mes de septiembre de 2023 superen el 6%. En el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que en el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que establece la necesidad de un aumento medio punto.

Con esta decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno continúa dando una respuesta social a la crisis económica provocada por la inflación mundial. De esta manera, no se deja de lado a los empleados públicos, que pasan de perder poder adquisitivo en crisis anteriores a contar con una actualización de sus remuneraciones. Este reconocimiento se produce en un momento como el actual, caracterizado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y el aumento de los precios de la energía y las materias primas debido a la guerra en Ucrania.