El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado un proceso de consulta pública que se extenderá hasta el 27 de junio, con el objetivo de revisar el Real Decreto 1048/2022. Esta norma establece el sistema de gestión y control de las ayudas bajo la Política Agraria Común (PAC) y afecta a aspectos como los derechos de ayuda básica, las penalizaciones y las intervenciones relacionadas con los sectores hortofrutal y vitivinícola.

Esta iniciativa forma parte de la revisión continua del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, buscando adaptar la normativa para responder a las necesidades actuales del sector agrícola y garantizar su sostenibilidad.

Una de las propuestas más significativas incluye el reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos como elegibles para recibir las ayudas de la PAC, siempre que se priorice la actividad agraria. Esta decisión tiene el potencial de transformar la forma en que se concibe la producción agrícola, integrando modelos que combinan la generación de energía con el cultivo de tierras, sin poner en riesgo su uso agrícola. Los criterios técnicos necesarios para asegurar esta compatibilidad se establecerán en una fase siguiente.

Desde Agricultura, se resalta que estas modificaciones ofrecerán a una mayor cantidad de agricultores la oportunidad de acceder a las ayudas, al tiempo que facilitarán la diversificación de sus fuentes de ingresos sin comprometer el uso agrícola de las tierras.

Asimismo, se proponen cambios en los ecorregímenes, orientados a simplificar su aplicación y mejorar la coherencia ambiental. Por ejemplo, se eliminará la obligación de mantener una cubierta vegetal mínima del 20% en cultivos leñosos durante el verano, un ajuste que se alinea con la flexibilización implementada para los secanos en 2024.

Se también establece un porcentaje único del 7% de áreas destinadas a la biodiversidad para explotaciones mixtas, lo que simplifica su gestión y elimina las complicaciones relacionadas con coeficientes diferenciados y requisitos de colindancia en ciertos casos.

El listado de especies aptas para la rotación de cultivos también se ampliará, permitiendo la inclusión de leguminosas plurianuales en áreas de no cosechado, una medida que promueve prácticas más sostenibles en el uso del suelo.

Por otro lado, se planean modificaciones en los Reales Decretos 857/2022 y 905/2022 para que las intervenciones sectoriales en frutas, hortalizas y vino se ajusten a las nuevas directrices del Plan Estratégico de la PAC.

Concretamente, en el caso de las intervenciones en frutas y hortalizas, se prevén acciones para asegurar la compatibilidad de los ecorregímenes con los programas medioambientales de las organizaciones de productores. Además, se amplía el alcance de la investigación y desarrollo a toda la cadena de valor del producto bajo su control.

También se alinea la definición de filial con la normativa vigente en la Unión Europea, mejorando así la implementación de programas operativos para que se adapten a una planificación a largo plazo.

En cuanto al sector vitivinícola, los cambios propuestos buscan optimizar la ejecución del presupuesto, ajustando plazos para la comunicación de previsiones financieras y clarificando normativas sobre promoción en mercados internacionales.

Además, se están realizando ajustes en otros reales decretos que afectan la PAC, incorporando aclaraciones necesarias tras evaluar la experiencia de los dos primeros años de vigencia del Plan Estratégico.

Dentro de estas modificaciones, se establecerán especificaciones respecto a la cesión de derechos de ayuda básica a la renta, especialmente en lo que concierne a cesiones de la reserva nacional por parte de nuevos agricultores.

Finalmente, se precisará el alcance del sistema de gestión y control de las intervenciones bajo el Plan Estratégico, facilitando el flujo de información entre administraciones y adaptando los controles a las normativas sectoriales más actualizadas.

También se incluye la modificación de aspectos relacionados con la gestión de parcelas y los plazos para subsanar cualquier deficiencia en las solicitudes, así como cambios en el régimen de penalizaciones para hacer más claras las condiciones relacionadas con la condicionalidad social y las nuevas intervenciones en el sector apícola.