SEVILLA, 8 de mayo. En un desarrollo reciente relacionado con el caso de Ana Julia Quezada, quien cumple una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018, las autoridades penitenciarias han realizado cacheos en la cárcel de Brieva (Ávila) sin que hasta ahora se haya encontrado ningún teléfono móvil en posesión de la interna.

La información fue proporcionada por Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, quien ofreció declaraciones a la prensa durante su visita a la Feria de Sevilla. Este anuncio llega tras la intervención de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, quien en una rueda de prensa el miércoles expuso su dolor y preocupación sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a posibles irregularidades en la prisión.

Fernández, en un gesto de empatía, expresó su apoyo a Patricia, subrayando la magnitud del sufrimiento que ha atravesado desde el asesinato de su hijo, un acontecimiento que dejó consternada a toda la sociedad. El delegado enfatizó la necesidad de acompañar a las víctimas como parte de una respuesta institucional ante el dolor y la injusticia.

El proceso de investigación está en marcha, tanto a nivel judicial como administrativo. El Gobierno ya ha mantenido charlas con el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de Instituciones Penitenciarias para abordar los hechos denunciados relacionados con la posibilidad de que se hayan facilitado móviles a Quezada. Este asunto ha suscitado un interés significativo debido a las implicaciones éticas y legales que surgen de tales acusaciones.

Fernández destacó que, hasta el momento, no hay evidencia de que existan dispositivos móviles en la cárcel. Sin embargo, subrayó que la indagación continúa, aclarando que la situación actual es compleja y requiere una atención meticulosa por parte de las autoridades competentes.

El delegado también fue claro al resaltar que el Gobierno está dispuesto a mantener un diálogo constante con Patricia Ramírez, asegurando que se realizarán todas las reuniones necesarias para abordar sus preocupaciones. Este compromiso tiene como objetivo ofrecer la mayor transparencia posible en el proceso de investigación.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha manifestado su solidaridad con la madre de Gabriel, reafirmando que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer la situación. Esto pone de manifiesto la intención del Gobierno de abordar este delicado asunto con seriedad y sensibilidad.

Finalmente, el delegado del Gobierno concluyó insistiendo en que el caso está siendo manejado bajo el marco judicial pertinente y que todas las investigaciones continúan activas. La colaboración de las fuerzas de seguridad y del Ministerio del Interior es crucial para llegar al fondo de este asunto y asegurar que se haga justicia.