El Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno en febrero. Esta modificación se refiere a un artículo de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista).

Este acuerdo pone fin a las discrepancias entre ambas administraciones en torno al apartado 10 del artículo 117 del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero. La resolución que recoge este acuerdo fue emitida el pasado 11 de septiembre de 2024 por la Secretaría General de Coordinación Territorial y publicada el 7 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según la resolución, ambas partes consideran resueltas estas diferencias gracias a los compromisos y consideraciones acordados en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación. Además, se establece que la interpretación y aplicación del artículo 117 del Decreto-ley 3/2024 debe alinearse con ciertos criterios establecidos en la legislación correspondiente.

El decreto andaluz de simplificación proponía modificar la Lista en lo referente a "medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación", específicamente en lo que respecta a los "actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa".

El acuerdo alcanzado implica que la Junta acepta la nueva redacción propuesta para este artículo, siempre y cuando se interprete y aplique de acuerdo con la normativa vigente en materia de suelo y rehabilitación urbana, así como con ciertos criterios legales establecidos anteriormente.

Este pacto ha sido comunicado al Tribunal Constitucional conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. De esta manera, Gobierno central y Junta de Andalucía dan por zanjada la disputa y las discrepancias planteadas en relación con este tema.