SEVILLA, 11 de junio.

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a una proposición no de ley presentada por el Partido Popular andaluz (PP-A), que exige al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que proceda a la disolución "inmediata" de las Cortes Generales y convoque elecciones, argumentando una "pérdida de legitimidad institucional" y un deterioro del marco democrático que ha generado desconfianza en los ciudadanos hacia las autoridades y sus representantes.

Esta propuesta fue rechazada en su totalidad por los grupos de izquierda, que incluyen a PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. En contraste, Vox mostró su apoyo a varios de los puntos presentados, particularmente en lo que respecta a la necesidad de convocar elecciones, aunque se abstuvo en otros aspectos del documento.

Durante la sesión, se instó al Gobierno central a actuar con urgencia para garantizar la colaboración con las instancias que investigan posibles irregularidades en su gestión. Además, se solicitó el respeto a la independencia judicial y se pidió que se eviten declaraciones o maniobras políticas que pudieran interferir en los procedimientos judiciales en curso.

Una de las solicitudes más destacadas fue la exigencia de asegurar la neutralidad de organismos estatales fundamentales como la Fiscalía o la Agencia Tributaria, en cualquier investigación que pueda involucrar a miembros del Gobierno y su entorno. Se subrayó la necesidad de que estas entidades actúen con independencia para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

También se planteó la protección de la autonomía operacional de los cuerpos de investigación como la Guardia Civil y la Policía Nacional, rechazando cualquier regulación que pudiera someter sus acciones a presiones políticas que obstaculicen la labor judicial.

La Cámara condenó las "prácticas" del Gobierno español, específicamente aquellas relacionadas con la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien es acusada de realizar un uso discrecional y partidista de los recursos públicos para beneficiar al Gobierno actual.

Se criticaron también los intentos de usos del aparato estatal para fines políticos, así como las acusaciones de espionaje y recopilación de información no autorizada dirigidas hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su equipo, supuestamente llevadas a cabo por personas relacionadas con el PSOE que han ocupado altos cargos públicos.

Los parlamentarios exigieron al Gobierno central que asuma responsabilidades políticas y administrativas por estos hechos denunciados.

En ese contexto, se rechazaron las acusaciones hechas por miembros del Gobierno de Sánchez, en especial por Montero, señalando que sus declaraciones constituyen un eco de acusaciones infundadas que dañan la reputación de instituciones y personas inocentes sin que se retracten ni ofrezcan disculpas por la difusión de falsedades.

Eriq Domínguez, diputado del PP-A, defendió la proposición, mencionando que incluso algunos miembros del PSOE podrían estar pensando en apoyar ciertos puntos. En su intervención, criticó la falta de respuestas y transparencia de Pedro Sánchez, sobre temas relevantes para el país, invitando al presidente a rendir cuentas y enfrentar las preocupaciones de la ciudadanía.

Por su parte, el diputado del PSOE-A, Rafael Recio, descalificó la iniciativa del PP-A, tildándola de "esperpento" y señalándola como un intento de moción de censura disfrazada. Criticó la soberbia del PP y su incapacidad para aceptar los resultados de las urnas, además de llamar la atención sobre los escándalos de corrupción que podrían estar afectando a la administración de Juanma Moreno.

Recalco que el propósito del PP-A al presentar esta iniciativa no es fortalecer la dignidad institucional, sino intentar debilitar a un adversario político, aunque esto signifique socavar la integridad democrática. Accusó al Gobierno de utilizar el Consejo de Gobierno como un medio de propaganda y manipular la percepción pública mientras favorece a empresas cercanas, perjudicando así los servicios públicos en Andalucía.

Desde Vox, Ricardo López Olea opinó que España está atravesando un "golpe de estado por fascículos" y criticó la hipocresía del Gobierno andaluz, sugiriendo que los líderes del PP deberían dejar de hacer manifestaciones y presentar formalmente una moción de censura, resaltando también la corrupción y manipulación judicial que achacan al partido rival.

Esperanza Gómez, del Grupo Mixto, manifestó su preocupación no solo por la corrupción a nivel nacional, sino también por la falta de ética del PP-A al presentar iniciativas mientras hay casos de corrupción en su propio entorno, señalando a los gerentes del SAS implicados por contratos de emergencia.

Finalmente, Begoña Iza, diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, denunció la falta de confianza del electorado en el PP, sugiriendo que el partido está bajo la influencia de directrices centrales de Génova y cuestionando su integridad tras numerosos escándalos de corrupción a nivel nacional.