SEVILLA, 12 de diciembre.

En una jornada marcada por las tensiones políticas, el Pleno del Parlamento andaluz ha exigido este jueves al Gobierno central que ponga fin a los “agravios” que afectan a Andalucía, así como a las “negociaciones singulares” en materia de financiación que ha llevado a cabo con otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña. La resolución también demanda la saldada de la “nueva deuda histórica” que se ha ido acumulando con la comunidad andaluza.

El debate sobre el estado de la comunidad permitió que se aprobara, mediante una propuesta del PP-A, la valoración de la labor de la Junta en la defensa de los intereses de Andalucía, penalizados, según los diputados, por la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica. Este sistema, arguyen, es esencial para garantizar una adecuada prestación de servicios públicos, especialmente frente al rechazo a la creación de un fondo transitorio que permita equiparar a Andalucía con otras regiones.

El Pleno también ha criticado el reparto del impuesto a la banca acordado entre el Gobierno de España y partidos independentistas, sosteniendo que carece de equidad al basarse más en el PIB que en la población. En este sentido, se ha instado a la Junta a solicitar que se detengan las intenciones del Gobierno central de abordar reformas en la financiación a través de negociaciones específicas con ciertas comunidades, argumentando que esto resulta incompatible con lo estipulado por la Constitución.

La votación fue poderosa para el PP-A, quienes contaron con la mayoría absoluta, mientras que los votos en contra llegaron del PSOE-A y Por Andalucía, y Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se abstuvieron.

Además, el PP-A respaldó una propuesta de Adelante que insta a la Junta a realizar un análisis formal de la “nueva deuda histórica” derivada de los déficits en inversión pública que han afectado a Andalucía, y a solicitar oficialmente la comisión bilateral Junta-Estado para establecer un calendario de liquidación de dicha deuda.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no pudo participar en la votación de las propuestas, ya que se encontraba en Santander para asistir a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el día siguiente.

En total, se aprobaron todas las propuestas de resolución del PP-A, pero solo una del PSOE-A; en cuanto a Vox, se aprobaron ocho propuestas, dos del grupo Por Andalucía y cuatro de Adelante Andalucía.

La Cámara votó en contra de una propuesta de resolución del PSOE-A que pedía a la Junta que impulsara una reforma del sistema de financiación autonómica, basada en un acuerdo de 2018 que aboga por garantizar la adecuada prestación de servicios públicos en cualquier situación. La propuesta hacía un fuerte hincapié en la necesidad de eliminar “prácticas de dumping fiscal”, advirtiendo sobre los peligros de sus recientes políticas fiscales favorables a las rentas más altas.

Del total de 35 propuestas formuladas por el Grupo Socialista, solo una fue aprobada por unanimidad, la cual se centra en la estabilidad y dignificación de las plantillas docentes y del personal administrativo, pidiendo acciones urgentes para abordar la burocracia y la precariedad que enfrentan estos colectivos.

Por Andalucía también ha presentado propuestas sobre financiación autonómica que, al igual que las del PSOE-A, fueron rechazadas por PP-A y Vox, aunque contaron con el respaldo de sus aliados en el arco parlamentario. La propuesta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía fue aprobada con el apoyo del PP-A, mientras que PSOE-A y Por Andalucía optaron por la abstención y Vox votó en contra.

Esta última proposición solicita que la Junta impulse una reforma en el sistema de financiación autonómica que se base en un fondo transitorio de nivelación y que adopte la justicia como principio central del nuevo modelo.

Entre las propuestas de resolución aprobadas del Vox, se destaca una que requiere a la Junta establecer mecanismos que reparen los “agravios” que han sufrido las finanzas públicas andaluzas, proponiendo que se adopten acciones legales activas en relación con los procesos penales en curso contra gobiernos anteriores para recuperar fondos públicos defraudados. Esta medida recibió el apoyo del PP-A y fue rechazada por los grupos de la oposición, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.