El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión en relación a siete recursos presentados contra la sentencia de los 'ERE' en Andalucía, resultando en la liberación de tres ex altos cargos de la Junta autonómica. Entre ellos se encuentran la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Las decisiones del Pleno del TC han sido tomadas mayoritariamente por la mayoría progresista, con siete votos a favor, mientras que cuatro magistrados conservadores se han opuesto. Se ha destacado que la elaboración y aprobación de anteproyectos de ley por parte del Parlamento de Andalucía no puede constituir el delito de prevaricación.

En el análisis de los recursos, el TC ha anulado parte de las condenas, como en el caso de la exconsejera Martínez Aguayo, cuya malversación ha sido revocada y se ha ordenado una nueva sentencia sobre la prevaricación. Martínez Aguayo ya estaba en libertad condicional desde junio.

Otro caso destacado es el del exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, cuya condena ha sido totalmente anulada, permitiéndole abandonar la prisión Sevilla I.

Por su parte, el exconsejero Francisco Vallejo, también beneficiado por la resolución del TC, ha sido liberado tras ser condenado a 7 años de prisión por prevaricación con malversación. Se ha determinado que su condena vulneró su derecho a la presunción de inocencia y se ha ordenado una nueva sentencia.

En el caso de la exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación, se ha anulado parte de su condena relacionada con la aprobación de leyes de presupuestos en Andalucía entre 2002 y 2004.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández también ha visto anulada su condena parcialmente, con el TC ordenando una nueva sentencia para evaluar el delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000-2001.

Finalmente, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera no ha obtenido amparo del TC, al considerar que su recurso carecía de fundamentación jurídica y fáctica. Se ha declarado un "defecto insubsanable" en su petición.