GRANADA, 21 Oct.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido dar curso al recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazaron su querella por prevaricación contra el juez Manuel Piñar. Este juez inicialmente la había condenado a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores.

El recurso de amparo presentado por la madre de Marcena (Granada) será examinado por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, como consta en una diligencia de ordenación reciente a la que ha tenido acceso Europa Press. La decisión del órgano de garantías ya ha sido comunicada a todas las partes implicadas y a la Fiscalía para los efectos correspondientes.

La querella acusaba al magistrado, quien está al frente del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, de cometer un delito de prevaricación judicial y otro contra la integridad moral de Juana Rivas a través de tres resoluciones judiciales en el proceso de ejecución de la sentencia. Sin embargo, el TSJA consideró que no había indicios de ninguno de esos delitos.

La Sala descartó cualquier tipo de irregularidades procesales por parte del juez en la tramitación del expediente de indulto de Juana Rivas por parte del Gobierno. Además, los magistrados no encontraron evidencia de ocultación en la tramitación de la ejecutoria. Los argumentos utilizados para denegar la suspensión provisional de la condena ya firme de la madre de Maracena fueron respaldados. Aunque admitieron que el juez Piñar utilizó argumentos "desafortunados" al referirse a una investigación penal sobre un supuesto delito de abuso sexual contra uno de los menores que había sido archivada, recalcaron que eso no constituye un delito de prevaricación.

Los abogados de Juana Rivas argumentan que, como no existe una doble instancia penal en los procedimientos contra jueces, magistrados y fiscales, se debe exigir al TSJA un mayor rigor en la valoración de todos los elementos concurrentes. De lo contrario, según ellos, se estaría violando gravemente el derecho a una tutela judicial efectiva, como consideran que ha ocurrido en el caso de Juana Rivas, dejándola en una gran indefensión.

En consecuencia, han alegado una violación de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, ya que la falta de una doble instancia en este procedimiento limita la posibilidad de recurrir a un segundo nivel judicial. Esto, en su opinión, menoscaba significativamente el derecho de Rivas a una tutela judicial efectiva.

Consideran que se ha producido una clara contradicción con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como con el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.