En un desarrollo reciente en Granada, la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial ha decidido aceptar parcialmente el recurso presentado por el ciudadano italiano Francesco Arcuri. Este recurso busca revisar el archivo de una denuncia que Arcuri interpuso entre otros motivos contra su expareja Juana Rivas, a quien acusa de haber incumplido un acuerdo de custodia. El conflicto gira en torno a la custodia del hijo menor de ambos, quien no regresó a Italia después de las vacaciones de Navidad del pasado enero.

El auto emitido este jueves llega justo un día antes de que, por orden judicial, el niño de once años debía ser entregado a Arcuri. Desde enero, el menor se encuentra bajo el cuidado de su madre en Maracena, un hecho que ha cobrado relevancia debido a las acusaciones de presuntos malos tratos que el niño ha alegado haber sufrido por parte de su padre. La Audiencia ha decidido atender la apelación presentada por Arcuri, la cual se rechazó en mayo pasado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.

Dentro de su denuncia, Arcuri no solo menciona la sustracción del menor, sino que también plantea acusaciones de maltrato habitual y lesiones en el contexto familiar. Sin embargo, la Audiencia ha optado por no investigar este último aspecto, según se detalla en el auto conocido por Europa Press.

La cronología de los hechos remonta a enero, cuando Arcuri denunció formalmente la supuesta sustracción de su hijo menor tras el vencimiento de un plazo establecido por la Corte de Apelación de Cagliari, el 8 de enero, para su regreso a Italia después de las vacaciones. En ese contexto, la autoridad judicial en Granada decidió, de manera provisional, suspender el traslado del menor a Italia en respuesta a los alegatos del niño sobre episodios de violencia, tanto física como emocional, lo que generó un entorno de “terror” hacia regresar con su padre.

En marzo, la Audiencia de Granada ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de iniciar la remisión del expediente judicial del menor a la corte de Cagliari para seguir investigando las acusaciones de maltrato. Este proceso evidencia la complejidad del caso y el compromiso de las autoridades por priorizar el bienestar del niño.

Este caso tiene antecedentes significativos, ya que en 2021 el Tribunal Supremo confirmó la condena de Juana Rivas por sustracción de menores, deriviado de su decisión en 2017 de permanecer en paradero desconocido junto a sus hijos. Aunque la sentencia inicial preveía una pena de cinco años de prisión, esta fue reducida a dos años y seis meses, reconociendo que se trataba de un solo delito a pesar de estar involucrados dos niños. Posteriormente, un indulto del Gobierno redujo aún más la condena a un año y tres meses, además de modificar la inhabilitación de la patria potestad a trabajos en beneficio de la comunidad.