El Tribunal Constitucional (TC) se enfrentará también a los casos de Manuel Chaves, Juan Márquez Contreras, Gaspar Zarrías Arévalo y Antonio Vicente Lozano Peña

MADRID, 14 Jul.

El Tribunal Constitucional (TC) discutirá a partir de este martes una ponencia que sugiere absolver por completo la malversación por la que se condenó al ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con fondos autonómicos.

Fuentes jurídicas informan a Europa Press que la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, propone anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva. Se espera que la mayoría de izquierdas del tribunal, siguiendo lo hecho en ponencias anteriores relacionadas con los ERE, respalde el criterio de Montalbán.

En la agenda del Pleno de esta semana se incluye el caso de Griñán, quien fue condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, aunque su entrada en prisión fue suspendida debido al cáncer que padece.

El Constitucional abordará la apelación del ex presidente andaluz después de haber decidido sobre las de otros siete condenados por el 'caso de los ERE'. Hasta el momento, las sentencias del tribunal han resultado en la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Según las mismas fuentes, en relación con el delito de prevaricación, el borrador de la sentencia sobre Griñán recalca que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley en el Parlamento de Andalucía no constituye este delito.

Bajo esta premisa, se espera que el tribunal también examine la apelación del predecesor de Griñán, el ex presidente andaluz Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación en el mismo caso de los ERE.

Las fuentes consultadas indican que en su caso, el borrador de la sentencia propone anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla emitir una nueva sentencia que se centre en la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001.

En las últimas semanas, el Constitucional ha explicado las diferencias entre las actuaciones realizadas entre 2000 y 2001 y las del período 2002 y 2009. A diferencia de las primeras, las segundas contaron con el respaldo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos aprobados en el Parlamento de Andalucía.

Esta interpretación podría llevar a una reducción de las penas, que deberán ser determinadas por la Audiencia de Sevilla al enfocarse en los hechos de 2000 y 2001.

El tribunal ya señaló en la sentencia del caso de la ex consejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que mientras un proyecto de ley está en fase de proyecto, no puede ser sometido a un juicio de legalidad, y una vez aprobado y convertido en ley, solo puede ser evaluado en términos de constitucionalidad.

Por lo tanto, al no haberse recurrido la constitucionalidad de la norma ante el tribunal de garantías, se presume su legalidad y respalda las acciones de aquellos que operaron bajo su protección.

Se espera que esta semana el tribunal también analice los casos del ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez Contreras; el ex vicepresidente y ex consejero de Presidencia de Andalucía Gaspar Zarrías Arévalo; y el ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Antonio Vicente Lozano Peña.