GRANADA/MADRID, 4 de julio. En el marco del caso conocido como 'Koldo', el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comenzado hoy una serie de declaraciones dirigidas a empresarios que están bajo sospecha de haber pagado sobornos al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su antiguo asesor, Koldo García, con el propósito de obtener contratos de obra pública.

Desde las 10 de la mañana, Puente ha convocado a tres empresarios a comparecer como investigados. Entre ellos se encuentran los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), vinculada a las supuestas irregularidades tras una reciente incautación en su hogar familiar en Granada.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llevó a cabo registros tanto en la casa de Antonio Fernández Menéndez como en otros lugares del país entre el 10 y 11 de junio, encontró un lote de documentos que incluía un esquema manuscrito con la mención a 'Ábalos'. Además, se hallaron información sobre adjudicaciones del Ministerio de Fomento y un borrador de la planificación de infraestructuras para 2023.

El Supremo ordenó la inspección de las propiedades de los hermanos Fernández Menéndez tras detectar posibles vínculos entre ellos y el ex ministro Ábalos, sugiriendo que podrían haber conseguido contratos públicos mediante decisiones corruptas. Los contratos en cuestión se centran en obras localizadas en Asturias y Galicia.

Los investigadores han indicado que los Fernández Menéndez están relacionados con Fernando Merino, un ex alto cargo de Acciona Construcción, quien los habría vinculado con Koldo García. También se menciona que la esposa de Koldo podría haber conseguido un empleo en una empresa asociada a OPR sin cumplir funciones laborales reales.

En esta misma ronda de declaraciones, otro empresario, José Ruz, relacionado con Levantina Ingeniería y Construcción, también está citado. El lunes, será el turno de Antxón Alonso, de Servinabar, y de Fernando Merino.

Puente ha decidido imputar a estos empresarios al mismo tiempo que a Cerdán, sugiriendo que todos podrían haber participado en la injusta asignación de contratos públicos a favor de sus empresas a cambio de determinados pagos a Ábalos, quien, por su estatus político, puede ser investigado tanto por el Tribunal Supremo como por la Audiencia Nacional.

Ante esto, el juez ha solicitado a la UCO que investigue las cuentas de estos empresarios, así como de las empresas implicadas, para recabar información sobre posibles delitos económicos.

El caso 'Koldo' ha surgido tras la recepción de un informe de la UCO que destapa una red de corrupción en torno a Cerdán, Ábalos y Koldo, alimentada en gran medida por grabaciones que el ex asesor ministerial realizó durante varios años.

Parece que Ruz actúa como un nexo entre estos involucrados, manteniendo comunicación constante con Koldo y siendo un intermediario clave en tratos. En un encuentro previo, él negó cualquier conducta incorrecta, aunque admitió haber recurrido a Koldo para cobrar una deuda.

El primer contacto registrado entre Ruz y Koldo se remonta a un correo electrónico de marzo de 2019, donde Ruz se presentó como empresario constructor. La UCO ha identificado que, desde ese inicio, mostró gran disposición para colaborar con Koldo, incluso refiriéndose a él como 'jefe'.

Con el tiempo, la relación entre ambos se fortaleció, al punto que Koldo le sugirió mantener entre ellos un perfil bajo sobre sus interacciones. La seguridad parecía ser un tema clave, ya que se le facilitaron dispositivos para comunicaciones confidenciales.

A medida que avanzaba la investigación, se ha observado que Ruz no solo mantenía contacto con Koldo, sino que también se reunía personalmente con Ábalos, involucrándose en un entramado que abarcaba conexiones dentro del Ministerio de Transportes y más allá.

Los intercambios entre ellos revelan solicitudes para la aprobación de proyectos, destacando la intervención de Koldo para que se desbloquearan fondos importantes para su empresa. Por otra parte, queda claro que la corrupción ha dejado heridas en el tejido político que requieren un examen más profundo.

La situación se complica aún más, ya que tras la caída de ambos funcionarios, Koldo expresó su preocupación por no poder seguir suministrando dinero para ciertos pagos, lo que a su vez sugiere que la red de corrupción no solo se limitaba a la obtención de contratos, sino que también implicaba un manejo financiero que podría tener repercusiones legales significativas.