El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para que envíe una nueva certificación que confirme que su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) designa como "no urbanizables" los terrenos del paraje del Algarrobico, donde se encuentra ubicado el hotel de Azata del Sol. Esto ocurre luego de que el Consistorio enviara un documento "incompleto" en respuesta a múltiples solicitudes anteriores.

En una providencia emitida este miércoles, la ponente María del Mar Jiménez ordenó que se envíe un oficio al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), indicando que aún no se ha cumplido adecuadamente con el requerimiento inicial realizado el 8 de mayo, que se ha reiterado en dos ocasiones más con la amenaza de llevar el caso a la Fiscalía por desobediencia.

Tras revisar el informe y certificado enviado la semana pasada por el Ayuntamiento, que afirmaba que la sentencia que declara los terrenos como "no urbanizables" está incorporada en los documentos técnicos del PGOU y registrado en la Junta de Andalucía, el tribunal decidió exigir una nueva certificación que confirme el cumplimiento de la sentencia firme desde 2018.

La Sala de lo Contencioso-administrativo solicitó al ayuntamiento que en un plazo de diez días emita una nueva certificación demostrando que se han realizado los cambios necesarios en el PGOU para adaptarse a la sentencia judicial. También se detalla una lista de contenidos del plan vigente que deben ser modificados para cumplir con la sentencia.

El tribunal advirtió al alcalde la urgencia de cumplir plenamente con lo requerido en el nuevo oficio, que exige que el PGOU actual se ajuste adecuadamente a la sentencia judicial que designa los terrenos como "no urbanizables" y de "especial protección".

El Ayuntamiento había esperado poder cumplir con la sentencia presentando una certificación y un informe técnico al TSJA en lugar de convocar un pleno, tal como se anunció al tribunal, para adoptar un nuevo acuerdo que respondiera a la petición.

El pasado 8 de julio, la Sala reiteró la importancia de que el alcalde aporte la certificación solicitada sobre los terrenos, luego de que el Ayuntamiento anunciara la convocatoria de un pleno urgente para abordar esta cuestión tras una advertencia previa del tribunal.