En la jornada del 4 de julio, la atención se centró en los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), quienes fueron llamados a comparecer en el Tribunal Supremo en relación con el escándalo de corrupción que ronda el caso Koldo. Tras el registro de su vivienda en Granada por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los hermanos se manifestaron enérgicamente en contra de las acusaciones que sugieren que habrían sobornado a funcionarios para asegurarse contratos de obra pública.

El magistrado Leopoldo Puente, encargado de la investigación, convocó a estos empresarios junto a José Ruz, un reconocido empresario vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), quien también se pronunció en la misma línea de defensa. Durante las declaraciones, los implicados afirmaron que no habían realizado pagos ilícitos a figuras como Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ni a otros políticos, como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en busca de contratos.

En relación a Daniel Fernández, se reveló que sostuvo que fue intermediario para emplear a Patricia Uriz, exesposa de Koldo García, en la empresa Áridos Anfersa. Este hecho, según datos de los investigadores, implicaría pagos por OPR que ascienden a 1.300 euros mensuales entre septiembre de 2022 y junio de 2023, destinados al círculo cercano de Koldo a través del empleo de su esposa.

A pesar de cumplir con el pedido de Koldo para ayudar en la contratación de su exmujer, Daniel Fernández enfatizó que perdió el hilo del asunto tras facilitar la conexión y no tenía conocimiento de su desempeño laboral en la empresa después de su mediación. Al finalizar las declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que los hermanos Fernández comparecieran únicamente en la modalidad apud acta, mientras que a Ruz se le requirió la entrega de su pasaporte.

Por su parte, Ruz admitió ante el juez haber tenido varias reuniones con José Luis Ábalos, aunque no proporcionó detalles sobre los contenidos de dichas conversaciones. Además, se hizo mención a una conversación en 2022 donde Ruz pidió a Koldo García comunicarse directamente con Santos Cerdán, señalando que había “heridos inocentes” dentro del entramado político.

El juez Puente identificó a Ruz como un nexo común entre los principales investigados, destacando su rol en mantener comunicaciones y actualizaciones sobre las reuniones con otros implicados, como Koldo y el empresario Víctor de Aldama. Cabe recordar que Ruz ya había comparecido previamente en el Tribunal Supremo en febrero, insistiendo en su falta de participación en actos irregulares, aunque admitiendo que recurrió a de Aldama por deudas.

Ruz, al ser interrogado, destacó que Koldo García no formó parte de su plantilla, ya que fue contratado por Juan Carlos Etero para labores de vigilancia. La Guardia Civil también apuntó que estaban en curso pagos mensuales de 2.600 euros destinados a Koldo, realizados a través de la supuesta contratación ficticia promovida por Etero.

Así mismo, el empresario mencionó que Koldo había proporcionado un teléfono seguro para sus comunicaciones, estableciendo como código la palabra “café” para iniciar los diálogos. Estas audiencias abren un nuevo capítulo en la investigación sobre las supuestas comisiones a líderes políticos a cambio de contratos de obra pública.

El lunes está previsto que se presenten ante el magistrado Antxón Alonso, el administrador único de Servinabar, así como Fernando Merino, un exdirectivo de Acciona, quienes también forman parte de este complejo caso que sigue desarrollándose en el ámbito judicial.