En la actualidad, España se encuentra en una intensa lucha para preservar la pesca de arrastre en el Mediterráneo, un esfuerzo que comparte junto a sus aliados Francia e Italia. Este debate ocurre en el contexto de las negociaciones sobre la distribución de la pesca en la Unión Europea para el año 2025, donde la Comisión Europea ha propuesto una reducción drástica del 79% en los días de pesca, lo que se traduce en un promedio de 27 días de trabajo. Esta medida podría poner en grave peligro la continuidad de la actividad de la flota de arrastre que opera en esta región.
Fuentes diplomáticas han confirmado que se está trabajando en una nueva propuesta que será presentada este mismo día a los 27 Estados miembros de la UE. La presidencia húngara del Consejo también ha indicado que se está haciendo "todo lo posible" para abordar las inquietudes de todos los países involucrados en este debate crucial.
Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, ha advertido que las negociaciones de este año serán "complejas", destacando la notable discrepancia entre el plan de Bruselas y las necesidades del Gobierno español. El Ejecutivo aboga por una moratoria a la actual disminución del esfuerzo pesquero del 40% en el Mediterráneo Occidental, el cual ya limita a 130 los días de pesca anuales en virtud del plan plurianual que regula las pesquerías sobre las poblaciones demersales.
España ha argumentado a favor de esta moratoria, señalando que la propuesta de la Comisión se fundamenta en informes científicos obsoletos que no reflejan el esfuerzo realizado por la flota en los últimos cinco años ni la recuperación de las especies afectadas. En este sentido, han solicitado al nuevo comisario de Pesca, Costas Kadis, de Chipre, que retire la propuesta actual.
Varias fuentes han indicado que el comisario muestra sensibilidad hacia estas demandas; sin embargo, se encuentra limitado por una propuesta heredada de la anterior administración comunitaria que le confiere poco espacio para maniobrar. "El comisario tiene voluntad, pero no herramientas", ha declarado a Europa Press José Manuel Martínez Malia, director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta de Andalucía, quien califica el plan de Bruselas como "una declaración de guerra contra su propio sector pesquero".
El director de Pesca ha recordado que desde 2019, el Mediterráneo ya ha experimentado una reducción del 40% en los días de trabajo para asegurar la recuperación de las poblaciones demersales. Este esfuerzo ha resultado en que la actividad de los barcos pesqueros se limite a cuatro meses anuales, y el sector está dispuesto a asumir una nueva restricción en 2025, siempre que el nuevo comisario reevalúe la situación el año próximo.
Apoyando esta perspectiva, Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha explicado que el comisario ha indicado que "no puede aceptar una moratoria, pero sí puede compensar días de pesca". Esta es la línea de trabajo en la que actualmente se centran las delegaciones de España, Francia e Italia.
La posibilidad de recurrir al mecanismo de compensación puede mitigar en parte el recorte exigido por Bruselas, ya que permitiría recuperar entre un 4,5% y un 6% de días de actividad, siempre que se implementen ciertas medidas de selectividad, entre las cuales se pueden elegir hasta 12, que incluyen el uso de puertas voladoras, la imposición de vedas o el cierre temporal de zonas para proteger especies demersales en peligro, como los alevines de merluza y la gamba roja.
Sin embargo, Garat ha expresado su escepticismo, afirmando que aunque se analizarán otras medidas alternativas para compensar la reducción de días de pesca, estas deben ser suficientemente amplias para garantizar la viabilidad de la actividad, lo que lo lleva a ser pesimista respecto al futuro del sector.
Se anticipa que los ministros de Pesca de la UE continuarán sus negociaciones durante la madrugada, no solo sobre el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, sino también respecto a la distribución de la pesca en el Atlántico, el Mar del Norte y el Mar Negro para 2025, así como sobre las especies que se incluirán en los acuerdos con países terceros como el Reino Unido y Noruega.
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