CÁDIZ, 28 de octubre. En un reciente desarrollo del caso de los contratos sanitarios en Cádiz, el Juzgado de Instrucción número 3 ha decidido extender el periodo de investigación hasta el 2 de abril de 2026. Esta decisión, centrada en presuntas irregularidades en la contratación, ha sido objeto de controversia, con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) presentando un recurso para revocar esta prórroga.

El auto, fechado el 29 de septiembre de 2025 y al que tuvo acceso Europa Press, menciona que la solicitud de la prórroga fue impulsada por representantes del PSOE y respaldada por Podemos y el Ministerio Fiscal, aunque encontró la oposición de otros actores involucrados en el proceso.

En su argumentación, el Juzgado se refiere al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un plazo máximo de doce meses para la investigación desde la apertura del caso. Asimismo, se permite la posibilidad de prórrogas si se constata que no se podrá concluir en el plazo establecido, siempre bajo solicitud de las partes involucradas.

El juez, al no prever una conclusión de la investigación antes del 2 de octubre de 2025, ha decidido prorrogar el proceso por seis meses, dado que aún quedan diligencias pendientes y otras podrían surgir a partir de los resultados obtenidos.

El SAS, tras conocerse la resolución, ha presentado un recurso en el que solicita que se declare nula la decisión de prórroga. En su argumento, el SAS expresa que la justificación planteada por el PSOE y Podemos para prolongar la investigación se limita a la proximidad del plazo de finalización y no se ofrecen razones concretas que respalden la necesidad de la extensión.

El SAS subraya que en los escritos presentados por las acusaciones no se especifican las diligencias que consideran necesarias para la prórroga, y critica que el Ministerio Fiscal solo solicita la ampliación sin brindar una justificación suficiente.

Además, el SAS señala que la fundamentación del auto, que menciona la existencia de diligencias pendientes, no se alinea con lo estipulado en el artículo 324, que requiere una exposición razonada de las causas que impiden concluir la investigación dentro del plazo establecido.

El SAS enfatiza que adoptar una medida tan restrictiva de derechos le parece inapropiado sin la justificación adecuada, argumentando que el auto no aclara por qué la investigación no ha concluido ni cuáles son las diligencias pendientes.

Resaltando las deficiencias en el auto, el SAS sostiene que la falta de especificidad sobre las diligencias y su impacto en la investigación contradice lo que exige la ley.

Igualmente, el SAS recuerda que ya había señalado la falta de motivación y claridad en las solicitudes de prórroga de las acusaciones el 26 de septiembre, sugiriendo que su interés era prolongar la investigación de manera artificial.

Por otro lado, Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, ha expresado su apoyo a la decisión del juez de extender la instrucción sobre los contratos sanitarios del SAS. Según ella, si el Gobierno andaluz no tuviera nada que ocultar, no se opondría a una investigación exhaustiva. Martínez concluye señalando que es crucial explorar cómo, bajo el gobierno del PP, se han desviado fondos públicos hacia la sanidad privada, mientras que los servicios públicos han sufrido un deterioro significativo.