La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla está a punto de concluir el juicio contra la antigua cúpula de UGT-A por un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, relacionado con la gestión de más de 40 millones de euros en subvenciones autonómicas.

En esta última sesión, se espera que finalicen los informes de las defensas y que los acusados tengan la oportunidad de defenderse si así lo deciden.

Los principales acusados incluyen al ex vicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla; Federico Fresneda, María Charpín, Dolores Sánchez y Enrique Goicoechea.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha señalado que existen "indicios sobrados" de que los acusados implementaron un sistema de facturación falsa para defraudar a la Administración, cargando facturas que no reflejaban la realidad a las subvenciones para cursos de formación.

El fiscal ha mantenido su petición de siete años de prisión, multas millonarias y el pago de indemnizaciones por el presunto fraude cometido por los acusados y también ha solicitado penas para empresarios proveedores de UGT-A.

En el desarrollo de su informe final, el fiscal ha detallado la presunta práctica de generar un "bote" de dinero a través de facturas falsas y descuentos no comunicados a la Junta de Andalucía, a pesar de ser fondos públicos destinados a cursos de formación.

Además, se ha mencionado la creación de un software llamado "Spyro" para gestionar este sistema de facturación fraudulenta, que fue financiado con las mismas subvenciones autonómicas destinadas a la formación.

El fiscal señala que los acusados habrían utilizado este sistema de manera generalizada para obtener beneficios económicos y costear eventos como fiestas, en lugar de destinar los fondos públicos a su verdadero propósito.