El Gobierno ha tomado una decisión crucial este martes al aprobar un mecanismo de compensaciones que contará con un presupuesto de 20 millones de euros, dirigido a las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios que tuvieron lugar en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) hace pocos días, y en los cuales perdieron la vida 46 personas y 164 más resultaron heridas.

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo tras el Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó la aprobación de un real decreto-ley que establece medidas urgentes de apoyo para quienes sufrieron las consecuencias de estos siniestros.

De los 20 millones asignados, la mitad se destinará a ayudas directas para las víctimas, mientras que la otra mitad servirá como anticipos de seguros. Puente especificó que en el caso de una víctima fatal, las ayudas directas alcanzarán los 72.000 euros, además de otros 72.000 como anticipos, y ambas cantidades estarán exentas de impuestos.

Para quienes hayan sufrido lesiones, las ayudas se determinarán según un baremo establecido, que variará desde 2.400 euros por daños menores hasta más de 84.000 euros en situaciones de lesiones severas, cifra que también aplicará en el caso de los anticipos.

Además, una vez que se evalúen las lesiones y los fallecimientos por parte del seguro obligatorio, las víctimas recibirán una suma adicional equivalente por parte de este seguro. En total, una persona afectada por un fallecimiento podría recibir hasta 210.000 euros en un plazo no mayor a tres meses.

El ministro dejó clara la intención del Gobierno al asegurar: "No permitiremos que se repita lo que ocurrió en Angrois. Esta medida se implementa para evitar que las víctimas tengan que esperar años para recibir lo que les corresponde. Hemos aprendido de experiencias pasadas y estamos actuando en consecuencia".

En otro orden de cosas, Puente anunció el inicio de modificaciones normativas que establecerán un mecanismo permanente de intervención pública. Este sistema permitirá al Estado asumir, anticipadamente y en base a diferentes factores, una parte de las indemnizaciones por daños personales derivados de accidentes de transporte colectivo.

Este nuevo enfoque se implementará sin interferir en la posterior determinación de la responsabilidad civil por parte de entidades o individuos implicados en el accidente, garantizando así una atención adecuada a quienes sufran incidentes en el transporte colectivo.

En la misma reunión de prensa, la ministra Portavoz, Elma Saiz, reveló que el Ministerio de Política Territorial ha puesto en marcha líneas de atención para las víctimas, inaugurando oficinas de atención integral a partir de este miércoles en la subdelegación de Gobierno de Huelva y en Barcelona, específicamente para los casos de Rodalies.

Además, se ha iniciado la administración 'Cerca de Ti', donde los profesionales de las delegaciones acudirán al domicilio de quienes hayan solicitado apoyo, facilitando así la gestión de las ayudas.