El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía ha manifestado su apoyo a la propuesta de una nueva Ley de Montes para la región, resaltando la importancia de actualizar la normativa vigente de 1992, que ya no se ajusta a las realidades actuales. Según la portavoz de la institución, Ana Warleta, es esencial que dicha ley regional esté en sintonía con las directrices de la legislación nacional.

Warleta ha enfatizado que el nuevo marco legal busca transformar los enfoques restrictivos de la legislación anterior, promoviendo un mayor dinamismo y rentabilidad en la gestión de los espacios forestales. La propuesta legislativa considera necesario revitalizar estos territorios, subrayando la creación de empleo como un objetivo primordial a partir de sus recursos.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, hizo un anuncio crucial el pasado 21 de agosto durante un evento en Huelma, Jaén: el anteproyecto de la Ley de Montes de Andalucía se someterá a discusión en el Parlamento andaluz el próximo mes de septiembre, con la meta de que entre en vigencia en el primer trimestre de 2026.

Entre las metas de esta nueva legislación destacan el impulso de incentivos para la propiedad forestal privada, la simplificación de trámites administrativos relacionados con el sector, y el fomento del desarrollo del sector forestal como una vía de generación de empleo y asentamiento de población en las áreas rurales. Además, se busca consolidar un Catálogo de Montes de Andalucía más robusto.

Warleta ha señalado la alarmante tendencia de abandono de tierras forestales, tanto en áreas públicas como privadas, que ha caracterizado los últimos años. En este sentido, pidió una inversión renovada en la actividad forestal privada, que representa alrededor del 70% del total del territorio forestal en Andalucía, para maximizar su potencial económico.

A diferencia de la normativa anterior, que limitaba el uso sostenible de los recursos forestales, la nueva ley tiene como premisa fomentar la economía local mediante el aprovechamiento variado de los montes, que incluye productos como corcho, pastos, setas, leña y biomasa.

Warleta también subrayó que los montes de Andalucía podrían convertirse en un verdadero motor económico para la región, no solo como una estrategia de prevención de incendios forestales, sino también como una herramienta para combatir la despoblación en el medio rural y generar empleo.

En cuanto a la conservación de los ecosistemas forestales, la portavoz aseguró que esta nueva normativa no comprometerá la protección ambiental. Por el contrario, argumenta que es precisamente con el fomento de actividades económicas que se puede asegurar la conservación de los montes, según lo previsto en la nueva ley.

La legislación también plantea la posibilidad de subvencionar actividades que promuevan una gestión forestal sostenible, así como ofrecer bonificaciones fiscales a propietarios de montes, incentivando de este modo la gestión activa y responsable de estos recursos.

Otro aspecto importante de la propuesta es la creación de incentivos para los servicios ambientales, estableciendo conexiones contractuales entre propietarios y administraciones para potenciar el aprovechamiento y la conservación de los montes.

El anteproyecto se manifiesta decidido a eliminar barreras administrativas que dificulten el desarrollo de iniciativas en el ámbito forestal, adecuándose a las especificidades andaluzas y cortando la burocracia innecesaria que podría afectar la gestión del territorio.

Warleta ha remarcado la urgencia de facilitar los trámites para los propietarios de tierras forestales, eliminando obstáculos que podrían resultar en el abandono de estas áreas y promoviendo una gestión proactiva.

Las herramientas tecnológicas también juegan un papel crucial en esta nueva propuesta, ya que se busca que los trámites se realicen de manera digital con la implementación de sistemas como el Sistema de Información Geográfica Forestal de Andalucía, fomentando así una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de recursos forestales.

Finalmente, Warleta concluye que la ley debe enfocarse en optimizar las oportunidades que ofrece Andalucía para la generación de recursos, mejorar la calidad del empleo rural y garantizar la conservación de los montes, dada la riqueza que la región posee en términos de recursos forestales.