Inician juicio este lunes contra trece casos vinculados a una fábrica clandestina de cigarros en Ventas de Zafarraya, Granada.

Inician juicio este lunes contra trece casos vinculados a una fábrica clandestina de cigarros en Ventas de Zafarraya, Granada.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha fijado para este lunes el inicio del juicio del caso en el que la Fiscalía ha solicitado penas de 14 años de prisión para dos individuos, uno español y otro ruso, a quienes acusa de liderar una organización que habría puesto en marcha una fábrica ilegal de tabaco en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida, específicamente en Ventas de Zafarraya. Además, hay otros once imputados que se enfrentan a peticiones de entre seis y once años de cárcel.

De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, estos diez ciudadanos españoles, junto con el ciudadano ruso y otros individuos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, habrían llegado a un acuerdo en 2017 para llevar a cabo sus actividades ilegales entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada, con el fin de obtener beneficios económicos ilegales a través de la mencionada fábrica de tabaco de contrabando, ubicada en una nave que habrían disfrazado como agrícola cerca de la carretera A-402.

Los acusados enfrentan cargos por presunta pertenencia a organización criminal, contrabando y violación de los derechos de los trabajadores. Los dos líderes de la banda también se enfrentan a una multa de más de cuatro millones de euros según la solicitud de la Fiscalía. En caso de ser condenados, el resto de los acusados deberán pagar cantidades que oscilan entre 1,5 y más de tres millones de euros.

La organización delictiva habría funcionado con una jerarquía claramente definida, con tareas asignadas a cada miembro, las cuales cesaron únicamente cuando se llevaron a cabo las órdenes de registro y registro judicial del 5 de diciembre de 2017. En la cima de la organización se encontraba un tercer individuo que aún no ha sido localizado.

Según la acusación fiscal, el ciudadano ruso y su lugarteniente, de nacionalidad ucraniana, tenían experiencia previa en la fabricación de tabaco en Europa del Este. La mayoría de los trabajadores extranjeros sin permiso que participaron en la producción de cigarrillos, los cuales luego se distribuían bajo el nombre comercial de J5, eran de Ucrania. Esta actividad comercial no estaba declarada ni sujeta a impuestos.

Los empleados llegaron a trabajar desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, con solo 20 minutos de pausa para comer, tiempo durante el cual se les proporcionaba un bocadillo. Sin embargo, no hay constancia de que se les haya pagado las cantidades prometidas, que oscilaban entre 500 y 700 euros mensuales.

El 5 de diciembre, también se llevaron a cabo registros en un almacén en Chauchina, donde se decomisó un considerable número de equipos, maquinaria, vehículos, embalajes y tabaco en diferentes formas. En total, se incautaron 37 cajas de picadura y 132 cajas con miles de cajetillas de cigarrillos y otros materiales.

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, el valor del material intervenido en el mercado ascendía a más de 1,1 millones de euros, superando ampliamente lo necesario para considerar el delito como una mera infracción administrativa.

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Andalucía