En Córdoba, el Juzgado de Instrucción número 4, bajo la dirección del magistrado José Luis Rodríguez Lainz, ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Sofía durante los años más críticos de la pandemia de Covid-19, específicamente entre 2020 y 2021. Esta acción se produce tras una querella presentada por el PSOE contra Valle García, quien fue en ese momento la responsable de la plataforma y directora del hospital, y que actualmente ocupa el cargo de gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El magistrado ha indicado en un auto accesible para Europa Press que estas diligencias se originan a partir de la querella interpuesta por el PSOE, que señala a Valle García en su rol como directora gerente en el período en cuestión. La denuncia se presentó el 30 de octubre de 2025 y alega la existencia de múltiples irregularidades en la gestión de contrato, centradas en la presunta utilización inadecuada de contratos menores y prórrogas para evitar los procedimientos ordinarios, lo que podría haber violado los principios de transparencia y competitividad en el uso de fondos públicos durante los años 2020 y 2021.

El documento sobre el que se basa esta querella, al que supuestamente tuvo acceso el PSOE, se denomina 'Informes definitivos de cumplimiento' y fue emitido por la Intervención Provincial del SAS en dos fechas: el 30 de septiembre de 2022 y el 30 de mayo de 2024. Este informe parece ser crucial para entender las denuncias planteadas.

Basándose en la documentación recopilada, el PSOE sostiene que se habrían cometido varios delitos, tales como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública, falsedad y organización criminal. Esta acusación ha llevado al magistrado a ordenar, por ahora, una serie de diligencias de investigación que comenzarán con el requerimiento de copias completas de los expedientes de contratación administrativa relacionados con las denuncias al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba.

Adicionalmente, el juez ha solicitado que la Intervención Provincial del SAS también proporcione al juzgado copias de los informes de cada expediente que esté bajo investigación, junto con cualquier alegación o justificación presentada durante su trámite. Esto forma parte de un esfuerzo por asegurar que se evalúe cada aspecto de la gestión de los contratos implicados.

El magistrado también ha requerido que el Servicio Jurídico del SAS emita un informe abordando varios aspectos clave referentes a los expedientes investigados, incluyendo la normativa aplicada en su tramitación, el uso de contratos menores y su justificación, así como la designación del personal responsable de supervisar y controlar estos procedimientos.

La resolución del magistrado concluye con la advertencia de que, dependiendo de los resultados de las pesquisas y del informe del Ministerio Fiscal sobre la tramitación conjunta de casos similares, se podrán establecer piezas separadas que faciliten una resolución más eficiente del proceso. Asimismo, se estipula que las partes implicadas y el Ministerio Fiscal son notificadas de la resolución y se les informa sobre la posibilidad de interponer recursos de reforma y apelación en plazos concretos.