SEVILLA, 14 de octubre.

El abogado penalista José Antonio Sires, del despacho 'Sires Abogados', está programado para presentar este miércoles a las 12:30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado en Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La acusación se fundamenta en presuntos delitos relacionados con la muerte de un hombre de 86 años, quien padecía cáncer de mama y que, según se sostiene, no recibió la atención adecuada de la sanidad pública, llegando incluso a perder pruebas literales imprescindibles para su tratamiento.

Según un comunicado del bufete, el paciente, originario de Garrucha en Almería, fue diagnosticado en 2005 con un carcinoma de mama en el lado izquierdo. Este fue tratado mediante cirugía en Madrid, donde residía, con mastectomía y vaciamiento axilar, dado que su tipo de cáncer era hormonalmente dependiente, como suele suceder en casos de cáncer masculino.

Después de su jubilación en 2011, el hombre se mudó a Garrucha y pasó a estar bajo el servicio del SAS, recibiendo atención únicamente por problemas menores. Sin embargo, no se le realizó un seguimiento oncológico ni se le llevaron a cabo las pruebas de control necesarias a pesar de sus antecedentes médicos.

En octubre de 2024, el paciente fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa debido a un estado general de malestar y cistitis persistente. Durante este ingreso, se documentó un derrame pleural masivo en el lado derecho, revelando serias deficiencias en la asistencia médica. A pesar de los antecedentes oncológicos, no se llevó a cabo un diagnóstico diferencial apropiado ni se solicitó la evaluación de un especialista en Oncología, lo que contraviene los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Adicionalmente, el bufete afirma que se erróneamente descartó la reaparición del cáncer de mama, diagnosticándolo como un posible cáncer de pulmón no confirmado. Esta decisión le negó al paciente la oportunidad de recibir un tratamiento hormonal paliativo que podría haber retardado la progresión de su enfermedad y prolongado su vida. Además, se extravió una muestra de líquido pleural que debería haber sido analizada, lo que imposibilitó la confirmación del diagnóstico de metástasis.

Finalmente, el paciente falleció el 25 de julio de 2025, y su familia ha decidido emprender acciones legales contra la Junta de Andalucía, a la que responsabilizan de un seguimiento inadecuado de su enfermedad. Aunque su edad no le incluía en el programa de cribado de cáncer de mama, el SAS tenía la obligación de atenderlo de por vida debido a su historial médico desde 2005, según su familia.

José Antonio Sires considera que estos hechos pueden conllevar un posible cargo de homicidio imprudente por omisión, conforme al artículo 142 del Código Penal, ya que la muerte del paciente es atribuible a la falta de atención necesaria y existe una relación causal entre esta omisión y su fallecimiento.

Además, se podrían considerar otros delitos, como la omisión del deber de prestar servicios sanitarios según el artículo 196 del Código Penal, puesto que quienes estaban obligados a brindar atención no lo hicieron a pesar de ser conscientes del grave riesgo para la vida del paciente. También se podría encuadrar en un delito de dejación de funciones del servicio público según el artículo 409, debido a la falta de supervisión y organización de la atención sanitaria correspondiente por parte de las autoridades competentes.