El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo volverá a ser el ponente en un recurso de la Junta de Andalucía contra el Impuesto de Solidaridad Temporal de las Grandes Fortunas. Esta vez, se trata del recurso de súplica que la junta interpuso contra el rechazo a las medidas cautelares que solicitó en la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Con estas medidas, se pedía la suspensión del impuesto.

El pleno del máximo intérprete de la Constitución para resolver este recurso de súplica tendrá lugar el próximo martes 18 de abril, según lo anunciado por Europa Press.

Campo ya había sido el ponente del Constitucional en el pleno del 21 de marzo que evaluó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad andaluz contra la ley de creación del impuesto. El recurso había sido presentado por la Junta de Andalucía, que alegaba una invasión de competencias de la Administración del Estado al establecer un gravamen a los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros. La Junta de Andalucía había decidido bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio, que declaraba exentos a todos los contribuyentes andaluces con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros.

El artículo 93.2 de la Ley Orgánica Reguladora del Tribunal Constitucional establece que “contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo”. Además, se acota que el plazo de presentación será de tres días y se resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes

El Gobierno andaluz presentó un recurso de súplica contra la providencia del Constitucional que aceptó a trámite el recurso del Gobierno andaluz contra el impuesto de grandes fortunas pero rechazó suspender la aplicación del impuesto, que entró en vigor el 28 de diciembre de 2022 tras la publicación en el BOE de la Ley 38/2022.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, informó de esta iniciativa durante un acto en Antequera (Málaga) y la justificó argumentando que “se vulnera la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”: la resolución fue mediante una providencia y debería haber sido mediante un auto, un auto en el que se podrían haber planteado, incluso, votos particulares”. También afirmó que se había vulnerado el principio constitucional de igualdad, por considerar que “es un agravio comparativo con respecto a Andalucía, a la que deja en una posición de indefensión, una peor posición porque otros recurrentes, como pueden ser diputados, senadores o Parlamento de Cataluña, este tipo de resoluciones han obtenido autos y no providencias”.

Asimismo, apuntó también a una vulneración del principio constitucional de derecho a la tutela efectiva “porque no hay unos fundamentos, no está motivada la providencia”.

El Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía le advirtió al Gobierno en el informe que acompañó al acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de febrero para la presentación del recurso de inconstitucionalidad que el Constitucional no suele aceptar la suspensión temporal de tributos creados por la Administración del Estado. Los juristas autonómicos, sin embargo, reconocieron que podrían solicitarse medidas suspensivas acompañadas de informes económicos y de afectación territorial.