El pasado mes de marzo, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, ingresó en la prisión provincial de Huelva para cumplir su condena de cinco años y tres meses de cárcel. Esta condena está relacionada con contrataciones realizadas por el departamento de la Consejería de Empleo con la empresa Umax Informática y Consultoría, según informó el diario ABC y confirmaron fuentes cercanas a Márquez a Europa Press.

En septiembre de 2023, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla emitió la sentencia condenatoria contra Márquez. A pesar de haber solicitado la suspensión provisional de la pena mientras se resolvía una petición ante el Supremo, finalmente tuvo que cumplir la condena impuesta por el caso Umax.

El Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados por la familia del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado. Ambos fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión y diez años de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial vinculados a contratos con la empresa mencionada.

Por otro lado, se estimaron parcialmente los recursos de casación presentados por Juan Márquez y Francisco Javier Aguado, quienes fueron condenados a cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y falsedad documental.

A pesar de la estimación parcial del recurso de Juan Márquez, su condena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta se mantiene. Además, Márquez también está condenado por malversación en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía, aunque la pena fue reducida de siete a tres años.

Además, está pendiente de resolución el recurso de casación de Márquez en relación a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), por la cual fue condenado a cuatro años y un día de prisión.

Respecto a Francisco Javier Aguado, su condena inicial se redujo a cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta.

Según la sentencia inicial condenatoria, en 2003 Francisco Javier Guerrero creó una estructura de personal paralela a la administrativa en el organismo público de la Consejería de Empleo, incumpliendo normativas de contratación. Este creó contratos a través de la empresa Umax, relacionando trabajadores por vínculos de vecindad, amistad y parentesco, siendo mantenidos por Juan Márquez durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social.

En dichos contratos, se utilizaban métodos fraudulentos para simular la legalidad en la tramitación de los expedientes, como la simulación de contratos inexistentes o la participación de empresas previamente indicadas para aparentar transparencia en los procesos de negociación.