El exdirector de la zona sur de Acciona Construcción, Manuel José García Alconchel, compareció el lunes ante el Tribunal Supremo, donde fue interrogado como imputado en relación al conocido 'caso Koldo'. Durante su declaración, intentó desvincularse de la responsabilidad por la alianza con Servinabar, empresa asociada a Santos Cerdán, señalando directamente a su superior, Justo Vicente Pelegrini, quien también está siendo investigado. Este escenario generó un momento de incredulidad en el magistrado Leopoldo Puente, quien encontró "cómico" el relato de la falta de medios del cuñado de Cerdán para llegar a su lugar de trabajo.

La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se centra en varios contratos de obra pública que involucran a Acciona y su colaboración con Servinabar, en el marco de un esquema de supuestas corrupciones a cambio de sobornos. En este contexto, García Alconchel fue imputado junto a Pelegrini y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte.

Según las declaraciones de García Alconchel, la decisión de trabajar con Servinabar no fue suya, sino que fue Pelegrini quien firmó el acuerdo en 2015, un movimiento que abriría la puerta a una serie de proyectos colaborativos en los que él estuvo involucrado. García Alconchel sostiene que cuando se unió a los proyectos, esta empresa ya había cumplido con los requerimientos y tenía establecidas conexiones con Acciona.

El exdirector detalló que la firma del Memorándum de Entendimiento (MoE) para el Puente Centenario de Sevilla fue una tarea que asumió siguiendo instrucciones directas de Pelegrini. Aparentemente, esto fue también el caso con otro MoE que se refería a la obra en el puerto de Kenitra, en Marruecos. Sin embargo, García Alconchel enfatizó que ninguno de esos proyectos se materializó debido a retrasos y eventualidades que llevaron a su cancelación.

Pese a su participación, García Alconchel asegura que no hubo irregularidades en los contratos y que el 2% que Servinabar recibía de cada obra era común en el sector. Este porcentaje es significativo, ya que los ingresos relacionados con Acciona ascendieron a más de 6,7 millones de euros, constituyendo una parte importante de los ingresos totales investigados.

En cuanto a la contratación de Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, como peón en el proyecto del Puente Centenario, García Alconchel explicó que su tarea se transformó en la supervisión de seguridad en otro proyecto, algo que sorprendió al magistrado, quien cuestionó la falta de lógica en tales decisiones. A lo que García Alconchel replicó que la subcontratación de estas tareas era habitual y que su empresa no contaba con personal capacitado para ello.

Un mensaje enviado por el dueño de Servinabar a García Alconchel, donde se menciona la necesidad de garantizar el transporte de Muñoz Cano a las oficinas, fue otro punto destacado en la declaración. García Alconchel, aclaró que no organizó el traslado personalmente, sino que dio instrucciones a su equipo.

Puente expresó su asombro ante la situación, señalando la ironía de colaborar con Servinabar en Sevilla a pesar de las limitaciones logísticas que presentaba la empresa. Finalmente, García Alconchel insistió en que, al momento de firmar el acuerdo de colaboración, Servinabar estaba ya en la lista habitual de socios, y reafirmó su desconocimiento sobre las conexiones políticas de los involucrados, incluyendo a Cerdán y Ábalos.