La reciente acción judicial emanada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla se centra en el notable caso del brote de listeriosis que en 2019 cobró la vida de cuatro personas y afectó a cientos más, todo por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis. En este contexto, el tribunal ha solicitado que se aclare si los acusados, pertenecientes a la familia que gestionó la empresa, así como un arquitecto técnico y una veterinaria municipal, optarán por declarar al principio o al final del juicio.

Esta providencia, emitida el 13 de noviembre y reportada por Europa Press, señala que las defensas de los acusados tienen un plazo de diez días para expresar su decisión sobre el momento en que los inculpados comparecerán ante el tribunal. Esta cuestión es crucial, dada la gravedad de las acusaciones que enfrentan y las implicaciones que tienen los testimonios para el desarrollo del juicio.

Adicionalmente, la Sección Séptima ha solicitado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que informen acerca de la solicitud de tres de los acusados —José Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez— para que se anulen sus obligaciones de presentación periódica en el juzgado, es decir, su comparecencia regular ante la justicia.

Dos años después de que el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla abriera el juicio oral contra seis personas vinculadas a este caso, se han dirigido múltiples cargos. Entre los acusados se encuentran figuras clave como José Antonio Marín Ponce, quien fungía como administrador efectivo de Magrudis, y su esposa Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable del control de producción. También están involucrados sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez, así como otros profesionales que desempeñaron roles relevantes en la compañía.

En el auto del tribunal se presenta un panorama legal complejo en el que cinco de los acusados —junto a las empresas Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L.— enfrentan múltiples cargos por delitos contra la salud pública, además de varios homicidios imprudentes y lesiones graves. Este caso evidencia la responsabilidad civil que recae sobre las aseguradoras, entre ellas AXA S.A. y Zurich España, ante la magnitud de las víctimas y daños ocasionados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha sido declarado responsable civil subsidiario, debido a la implicación de la veterinaria municipal en el proceso. La magnitud de los daños provocados por este brote de listeriosis ha llevado a que la Fiscalía solicite penas significativas, incluyendo catorce años de prisión en total para algunos de los principales acusados.

Las acusaciones por parte de la Fiscalía son contundentes, abarcando delitos desde la salud pública hasta varias formas de imprudencia grave, incluido un caso de defraudación de fluido eléctrico. Las consecuencias legales y financieras que podrían resultar de este juicio son vastas y complejas, y reflejan la seriedad con la que el sistema judicial está tratando este delicado asunto.

En términos de compensación, se han solicitado indemnizaciones por un total de más de un millón de euros, dirigidas al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía, quienes han tenido que absorber los costos generados por la crisis. La aseguradora AXA, responsable de las operaciones de Magrudis, ha presentado ya una consignación de 300.000 euros para las víctimas, aunque se prevé que las demandas por responsabilidad civil se extiendan mucho más allá de esta cantidad inicial.

El camino hacia el juicio promete ser un proceso largo y complicado, donde se buscará responsabilizar a todos aquellos involucrados en una tragedia que, sin duda, ha dejado una huella profunda en la comunidad afectada y ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en el futuro.