En un notable desarrollo dentro del ámbito jurídico, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla se reconfigurará con la creación de un tribunal "ampliado" compuesto por cinco magistrados. Esta decisión se fundamenta en la "dificultad y trascendencia jurídica" del caso que atañe a los procedimientos de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) considerados irregulares y las ayudas que han sido objeto de controversia.

El presidente de la mencionada sección ha confirmado que el nuevo tribunal contará con las dos magistradas que forman parte del tribunal original, María del Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, así como con otros tres magistrados de la misma sección. Cabe destacar que Gómez Caselles se encuentra actualmente en excedencia voluntaria por motivos familiares, pero está obligada según un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a participar en la conformación de la nueva sala para emitir las sentencias requeridas.

El acuerdo enviado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía enfatiza que la situación de Gómez Caselles fue resultado de una consulta urgente realizada por el TSJA al CGPJ. Este último reconoció la validez de su participación en el proceso, evidenciando así una clara voluntad de asegurar la continuidad y la correcta administración de la justicia en este caso tan complejo.

En cuanto a la figura del magistrado jubilado Juan Antonio Calle Peña, antiguo miembro de la misma sección y autor de la sentencia original, se ha establecido su "imposibilidad" para contribuir a la redacción de las nuevas resoluciones, lo que deja espacio para el nuevo tribunal en la revisión del caso.

La creación de esta sala ampliada se apoya en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo permite la inclusión de un mayor número de magistrados cuando se encuentra en juego la adecuada administración de justicia, un principio que se considera crucial dadas las particularidades jurídicas que rodean este caso.

El tribunal recién formado será el encargado de emitir nuevas sentencias en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que ha estimado parcialmente los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros. La sentencia del TC cuestiona las condenas impuestas previamente y demanda una reconsideración de las bases fácticas de la decisión anterior.

Es importante recordar que en 2019, Griñán recibió una condena de seis años de prisión por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que Chaves fue sentenciado a nueve años de inhabilitación por el mismo delito. Estas decisiones fueron ratificadas por el Supremo en 2022, marcando un hito en la historia judicial reciente de Andalucía y elevando las expectativas sobre la nueva sala que deberá revaluar estas condenas.

La reciente resolución del TC resalta que tanto la Audiencia como el Supremo erraron al calificar las acciones de Chaves y Griñán como resoluciones dentro de un ámbito administrativo, un enfoque que los magistrados del TC han calificado como una interpretación errónea que infringe el derecho a la legalidad penal establecido en la Constitución Española.

El TC ha señalado que esta interpretación inadecuada menoscaba la importancia del proceso legislativo y la función del Parlamento andaluz, recordando a los magistrados su deber de actuar conforme a la ley y sólo cuestionar su constitucionalidad en los términos adecuados. Este recordatorio refuerza la necesidad de una revisión minuciosa y justa ante un escenario tan inédito en la esfera judicial española.