El reciente pronunciamiento de la Audiencia de Sevilla marca un hito en el complicado entramado judicial sobre el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. La corte ha rechazado la solicitud del gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno del Partido Popular, de reintegrarse al proceso relacionado con la financiación de estos expedientes. Esto ocurre en un momento en que se baraja la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a una nueva orden emitida por el Tribunal Constitucional que anula las condenas de varios acusados, entre ellos ex altos funcionarios como José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

En un documento emitido el 29 de mayo, la Sección Primera de la Audiencia acordó que la Junta de Andalucía no puede ser parte activa en este proceso, dado que previamente había solicitado el sobreseimiento de los cargos y se había reservado el derecho a acciones civiles. Esta decisión ha sido objeto de controversia, especialmente entre aquellos que defienden los intereses de Griñán, quien enfrenta un complicado escenario judicial.

Es importante recordar que el tribunal había abierto un debate sobre si el Tribunal Constitucional había actuado fuera de sus competencias al realizar una interpretación alternativa de los conceptos de prevaricación y malversación. Este análisis incluye la posible falta de adecuación de las nuevas sentencias en relación con los requisitos internacionales destinados a combatir la corrupción.

El Tribunal Constitucional ha defendido su postura al afirmar que las condenas iniciales de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo se basaron en criterios que vulneran el derecho a la legalidad penal, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución Española. Argumenta que la participación en la aprobación de presupuestos no puede ser considerada como decisiones en un asunto administrativo, reiterando la obligación de los jueces de acatar la ley a menos que esta sea declarada inconstitucional.

Con la mirada puesta en el futuro, la Audiencia de Sevilla ha planteado interrogantes sobre si el Tribunal Constitucional ha invadido funciones que corresponden al ámbito judicial ordinario. También ha cuestionado si la interpretación realizada sobre las leyes presupuestarias entre 2002 y 2009 contraviene normas y jurisprudencia de la Unión Europea, lo que podría abrir la puerta a una falta de protección en la gestión del patrimonio público.

Además, se ha sugerido que la doctrina del Constitucional podría ser incompatible con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción, generando dudas sobre la aplicación de las sentencias en este contexto legal y político tan delicado.

Por último, en medio de esta compleja situación, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha reiterado que no se obstaculizarán las consultas al TJUE. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de abordar esta cuestión con cautela, ya que se trata de un tema que toca fibras delicadas sobre la independencia judicial. La discusión en curso en la corte de garantías podría tener repercusiones significativas, tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.