La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha solicitado a la nueva empresa encargada de la mina de Los Frailes que aclare las medidas implementadas para prevenir la contaminación en el área, en un contexto que despierta preocupaciones ambientales en torno al proyecto de reactivación de la explotación minera en Aznalcóllar, Sevilla.

En un informe reciente, la CHG reveló que se han detectado aguas con "altas concentraciones de metales pesados" en el contraembalse del Agrio, lo que plantea serios interrogantes sobre la gestión de residuos en el complejo minero. Esta situación ocurre tras la reciente autorización por parte de la Junta de Andalucía para un nuevo proyecto de explotación en la mina, cerrada desde 2002 debido a un desastre natural provocado en 1998 por la ruptura de una balsa de residuos, que dejó una huella ecológica devastadora.

Organizaciones ecologistas han mantenido un tono crítico y de alerta ante el plan de explotación propuesto, asegurando que prevé el vertido de más de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas en el Estuario del Guadalquivir a lo largo de 18 años, un impacto que afectaría gravemente a un ecosistema ya frágil y catalogado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. Sin embargo, tanto la Junta como las empresas implicadas en el proyecto han refutado estas afirmaciones.

Los ecologistas advierten sobre la posibilidad de un "envenenamiento irreversible" de la región del Bajo Guadalquivir, acusando al proyecto de perpetuar un daño ambiental significativo. En respuesta, la Junta de Andalucía defiende que las acciones derivadas del nuevo proyecto permitirán depurar agua de antiguas explotaciones, afirmando que más del 80% del agua utilizada en el proceso de tratamiento del mineral será recirculada.

Desde marzo, la CHG ha estado monitoreando la calidad del agua en el contraembalse y el río Crispinejo, tras las lluvias abundantes que han impactado la región. Los hallazgos sobre la presencia de metales pesados han sido comunicados a la Junta de Andalucía, enfatizando la urgencia de actuar antes de las próximas precipitaciones para evitar que se repita el problema.

La CHG también ha instado a la dirección del complejo minero, gestionado por una sociedad creada específicamente por Grupo México y Minorbis, a proporcionar información sobre sus planes para mitigar la contaminación, así como detalles sobre las conexiones hidráulicas entre la escombrera y el contraembalse del Agrio. Adicionalmente, se ha puesto al tanto al Ayuntamiento de Aznalcóllar sobre la situación actual.

El alcalde de la localidad, Juan José Fernández, ha abordado la preocupación de los ciudadanos respecto a la coloración irregular del agua en el contraembalse, asegurando que, aunque la situación genera inquietud, no es un fenómeno inusual. Fernández ha solicitado a la CHG un informe técnico para clarificar el origen de estos cambios en el agua, subrayando que históricamente estos fenómenos han sido considerados naturales y cíclicos.

Por su parte, el macro juicio relacionado con la denuncia penal de Emerita-Forbes Manhattan por la adjudicación de los derechos de explotación a la alianza de Grupo México y Minorbis continúa en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde se discute la legalidad de la decisión tomada por la Junta de Andalucía en el pasado.