SEVILLA, 2 de abril

Los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla han presentado un documento a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que se ocupa de las nuevas decisiones correspondientes a la anulación de las condenas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC) a un grupo de diez personas implicadas en el caso de financiación irregular de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En su escrito, advierten que, a su juicio, el TC no ha adoptado una interpretación alternativa de los delitos de prevaricación y malversación, y destacan que existen "razones jurídicas que desaconsejan" la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este documento, fechado el martes pasado, los fiscales responden a una providencia emitida el 18 de marzo por la misma sección de la Audiencia que abría un plazo de diez días para que las partes involucradas se pronunciasen sobre si el Tribunal Constitucional había sobrepasado sus límites con respecto a una interpretación alternativa de los mencionados delitos, así como sobre el posible incumplimiento de las normativas internacionales en la lucha contra la corrupción. Este análisis buscaría determinar si estas sentencias deberían ser excluidas del ámbito de aplicación y si justificarían elevar el asunto al TJUE.

Los fiscales subrayan que el Tribunal Constitucional no ha tomado una dirección interpretativa distinta sobre los delitos en cuestión, además de señalar que "el hecho que se está juzgando no se ajusta al ámbito del artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", dado que las acciones implicadas no afectaron a los intereses económicos de la UE. De esta manera, lanzan una advertencia sobre las “razones jurídicas que desaconsejan” llevar este tema ante el TJUE.