GRANADA, 7 de enero. La situación de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, ha cobrado nueva relevancia tras su solicitud de comparecencia ante la Fiscalía de Granada. Rivas, quien recibió un indulto parcial del Gobierno de España, está en una encrucijada legal que podría definir el futuro de su hijo menor. Este menor está a punto de ser entregado a su padre, Francesco Arcuri, ciudadano italiano que ha sido objeto de nuevas denuncias por parte de Rivas, donde alega coacción y amenazas hacia el niño.

La Fiscalía ha reaccionado ante la urgencia del caso, pidiendo al Juzgado de Guardia que lleve a cabo "con urgencia" la exploración del menor. Esta investigación tiene como objetivo esclarecer si el menor corre algún tipo de riesgo si regresa con su padre. En caso de que se confirme esa vulnerabilidad, la Fiscalía ha solicitado que se suspenda la custodia de Arcuri y que la guarda provisional sea atribuida a Rivas, aunque esta decisión final dependerá de lo que decidan las autoridades italianas.

Juana Rivas ha solicitado protección internacional para su hijo menor, argumentando que debe permanecer en España y no regresar con su padre tras las vacaciones navideñas. Este contexto ha llevado al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada a inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2. Este último tribunal tiene ante sí un procedimiento abierto tras la denuncia de Rivas por violencia de género, que fue presentada contra Arcuri, lo que incluye la solicitud de medidas cautelares para proteger al menor.

El equipo legal de Rivas, Aránguez Abogados, ha tomado acciones específicas al redactar una carta a la Fiscalía de Granada, ya que no lograron obtener las medidas cautelares deseadas en el Juzgado. En su comunicación, señalaron que el menor está "en clara situación de riesgo", y exigieron que se le brinde la debida protección, destacando que es crucial que su voz sea escuchada.

Después de varios intentos por parte del despacho de abogados de lograr una respuesta favorable, este grupo legal anunció que había presentado una solicitud formal ante el Juzgado de Guardia de Granada para que el menor tuviera la oportunidad de expresarse. La falta de acción por parte del Juzgado de Primera Instancia ha llevado a los abogados a cuestionar la sensibilidad y la eficacia del sistema judicial en la protección de los derechos del menor.

Los letrados han manifestado su indignación ante la idea de que un niño pueda estar expuesto a amenazas y que ninguna autoridad judicial haya tomado aún la iniciativa de escuchar su testimonio. Han subrayado que el niño, que está a punto de cumplir once años, nunca ha sido oído en relación con los gravísimos hechos que ha denunciado, algo que consideran un fenómeno inadmisible en un Estado que promueve y protege los derechos de los niños.

“Este niño tiene la madurez necesaria para ser escuchado, es español y está en su país”, han asegurado desde Aránguez Abogados, comprometiéndose a seguir luchando por justicia en este caso. Su posición es clara: continuarán utilizando todos los recursos legales a su disposición para garantizar que el menor esté a salvo.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron que el Juzgado de Primera Instancia número 10, que recientemente se inhibió en favor del Juzgado de Violencia de Género, ha quedado a la espera de la decisión en torno a la demanda presentada por Rivas. Esta demanda busca una medida que impida el regreso del menor a Italia, donde reside con su padre.

En este tipo de situaciones, es crucial que los juzgados penales tengan preferencia sobre otros procedimientos si coinciden en sus instancias, tal como se explicó desde el TSJA. Sin embargo, en un giro preocupante, el Juzgado de Violencia de Género archivó la demanda presentada por los representantes de Rivas, aunque sigue en marcha el procedimiento de apelación, lo que significa que la resolución aún no es definitiva.

La demanda de protección urgente presentada por Rivas llegó al Juzgado de Primera Instancia número 10 el 30 de diciembre. Debido a las festividades, no fue hasta el 3 de enero cuando se solicitó a la parte demandante que subsanara algunos defectos formales de la demanda. Este retraso ha significado que el caso no pudiera ser instruido en el tiempo necesario.

Aránguez Abogados ha señalado que debido a la “extrema urgencia” del caso, especialmente si el menor debe regresar a Italia con su padre el 8 de enero, este equipo legal ha intensificado sus esfuerzos al dirigirse de nuevo a la Fiscalía. La representación legal de Rivas ha recibido notificación del Tribunal italiano de que se debe permitir que el menor regrese con su padre, a pesar de las preocupaciones planteadas sobre su seguridad.

La Corte de Apelación de Cagliari ha respondido a la solicitud de Rivas, indicando que el menor debía retornar a su país, a pesar de las inquietudes sobre su seguridad. Este hecho subraya la complejidad del procedimiento legal en este caso, especialmente ante el contexto de las acusaciones de maltrato que pesan sobre Arcuri en Italia.

Desde Aránguez Abogados, se ha reiterado que la falta de respuesta a las solicitudes de medidas cautelares el 26 de diciembre ha llevado a tomar nuevas acciones para garantizar la seguridad del menor, que ahora se encuentra bajo un complejo entramado judicial tanto en España como en Italia.

Finalmente, el 2 de enero, el equipo legal de Rivas expuso que el niño había denunciado haber sido coaccionado y amenazado por su padre. Ante esta situación, se había presentado una nueva denuncia en la jurisdicción penal italiana, enfatizando que el menor teme por su vida si es obligado a regresar con Arcuri. Este relato trágico, junto a las afirmaciones de amenazas que Rivas ha recibido, ponen de manifiesto la urgencia y gravedad de la situación que enfrenta esta familia.

Rivas espera que su hijo, Daniel, pueda reunirse con ella y su hermano mayor, cerrando un capítulo doloroso en sus vidas, mientras que el Ministerio del Interior español ha tratado el caso con suma atención, calificando la situación como de "alta relevancia" debido al riesgo que enfrenta el menor.