El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha expresado su optimismo este martes al afirmar que, si todo sigue según lo previsto, en poco tiempo la Administración andaluza podrá dar luz verde al proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla), cerrada en 2002 tras el desastre natural de 1998. Este desastre ocurrió a raíz de la ruptura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, operado en ese entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Durante la inauguración del Salón Internacional de la Minería en Sevilla, el consejero Paradela informó que en estos momentos la Junta de Andalucía está respondiendo a las alegaciones presentadas contra la autorización ambiental unificada (AAU) concedida por la Consejería de Sostenibilidad para la reapertura de la corta minera de Aznalcóllar.

Paradela señaló que el último paso será obtener las autorizaciones mineras sustantivas y que, de seguir todo en orden, en poco tiempo podrán hacer realidad la autorización final para la reapertura del proyecto.

La AAU en cuestión fue temporalmente suspendida después de que Ecologistas en Acción presentara un recurso contra la misma el 12 de agosto. En dicho recurso, los ecologistas mencionaban diversos incumplimientos relacionados con la protección ambiental y la evaluación de impacto ambiental, entre otros aspectos.

Ecologistas en Acción advertía que, al no recibir respuesta a su solicitud de suspensión por parte de la Consejería correspondiente, la autorización se suspendería automáticamente según lo establecido por la ley.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente reconoció la suspensión temporal, aclarando que no implicaba una cancelación definitiva de la autorización. Posteriormente, la Consejería contestó al recurso de los ecologistas, desestimándolo y resolviendo la situación.

El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar tiene previsto crear alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos y extraer 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos durante al menos 17 años. Sin embargo, las organizaciones ecologistas han advertido sobre su potencial impacto en el medio ambiente y en los recursos hídricos.

Según los ecologistas, el proyecto implica verter una gran cantidad de aguas contaminadas con metales pesados durante un periodo prolongado, lo cual afectaría a áreas protegidas ambientalmente.

A pesar de las medidas anunciadas por la empresa responsable del proyecto, los ecologistas rechazan la validez de las mismas y señalan incumplimientos previos de la sociedad instrumental encargada de la gestión de la mina. Desde su perspectiva, el proyecto de reapertura plantea riesgos ambientales significativos y su impacto a largo plazo en la región es motivo de preocupación.