El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha llevado a cabo una nueva advertencia al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, proponiéndole la posibilidad de multas si no proporciona en cinco días una justificación sobre la falta de publicación y depósito del planeamiento urbanístico revisado. Esta medida se considera parte de un proceso más amplio en el que se busca el cumplimiento de una sentencia judicial que exige proteger los terrenos de El Algarrobico.

En un contexto de creciente tensión entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras, la Junta ha solicitado al TSJA que actúe para garantizar que el Consistorio cumpla con la orden de clasificar como no urbanizables los terrenos donde se encuentra el controvertido hotel de Azata del Sol. Según la Junta, las acciones del alcalde y su equipo se perciben como intentos deliberados por retrasar la implementación de esta decisión judicial, especialmente tras la aprobación de una modificación del plan general de ordenación urbana en una sesión plenaria que recibió el apoyo de varios concejales.

A través de un reciente escrito, la representación legal de la Junta ha señalado las prácticas dilatorias del Ayuntamiento, argumentando que la modificación del PGOU votada en julio no es necesaria para cumplir con la sentencia. Insisten en que solo es necesario reflejar en el planeamiento la condición de no urbanizable de los terrenos en cuestión, en lugar de llevar a cabo una modificación completa del plan general.

El tribunal había dejado claro en una decisión previa que la obligación de restituir la protección a las áreas ST-1 y ST-2 no requiere una modificación formal del PGOU. Según la Junta, el único paso que debe dar el Ayuntamiento es simplemente clasificar adecuadamente esos espacios según lo dictado por el fallo judicial.

Además, se enfatiza la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento ante múltiples resoluciones judiciales que exigen la misma acción. La Junta ha resaltado la necesidad de una intervención inmediata para asegurar que las decisiones judiciales se respeten y se ejecuten de manera efectiva.

El TSJA ha dado plazo a la Junta, a la empresa involucrada y a diversas organizaciones ecologistas para que presenten sus alegaciones respecto a los cambios en el PGOU, lo que añade una nueva capa de complejidad a esta disputa legal. El tribunal también ha establecido un marco de respuesta limitado, otorgando al alcalde solo cinco días para aportar una explicación sobre la omisión en la publicación del planeamiento corregido.

La magistrada María del Mar Jiménez Morera ha señalado que el tiempo que se le concedió al alcalde ha sido excesivo, lo que justifica la necesidad de una comunicación directa con él acerca de las consecuencias de su inacción. De no cumplir con las exigencias del tribunal, se contempla la posibilidad de aplicar multas coercitivas y, si fuera necesario, se informará al Ministerio Fiscal sobre la posible existencia de un delito, lo que añade presión sobre la administración local para que actúe con celeridad.