La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, en Sevilla, ha tomado la decisión de abrir diligencias preliminares tras la denuncia presentada por Vox contra Francisco Toscano, exalcalde socialista de la ciudad durante casi cuatro décadas, y Francisco Salazar, otro dirigente socialista que recientemente renunció a un cargo dentro del PSOE debido a acusaciones de conductas inapropiadas hacia mujeres de su equipo. Esta denuncia se centra especialmente en la contratación de Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Vox ha argumentado en su denuncia que Salazar ocupó un puesto en el consistorio entre 2012 y 2017, cuando Toscano era alcalde, percibiendo un salario de 2.000 euros mensuales, pero, según ellos, no cumplía con su obligación laboral, ya que se encontraba trabajando en Madrid, primero en la sede central del PSOE y luego en la Moncloa.

En una resolución fejada el 29 de julio, la juez María del Valle Rivera ha decidido encargar a la Guardia Civil la investigación del caso, ya que no se presentaron pruebas concretas en el escrito de la querella y se considera necesario esclarecer los hechos para determinar la viabilidad del proceso judicial.

Además, la magistrada ha requerido a Vox una fianza de 3.000 euros para que puedan llevar a cabo la acción popular y ha ordenado a la Guardia Civil que obtenga los documentos pertinentes del Ayuntamiento y que lleve a cabo interrogatorios a los denunciados y testigos, siempre respetando las formalidades legales. Cabe destacar que esta resolución no es definitiva y puede ser objeto de un recurso de apelación.

El responsable de Acción Judicial de Vox en Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha expresado su satisfacción ante la decisión judicial, señalando que esto simboliza una investigación tanto a Salazar como a Toscano, para confirmar que Salazar recibió un salario mientras, supuestamente, realizaba tareas ajenas a su cargo en Madrid.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha denunciado la situación, alegando que no es justo que la ciudad se haya convertido en un feudo para el socialismo. Trashorras ha criticado la falta de accountability en el PSOE en medio de diversas acusaciones de corrupción que les afectan, advirtiendo que se sienten responsables de limpiar estas prácticas dentro del ámbito político local.

Finalmente, Javier Navarro, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Sevilla, ha manifestado su firme postura de que los socialistas no están exentos de la ley y que las acciones inapropiadas de Salazar deben ser atendidas. "No vamos a permitir que se menosprecie nuestro Estado de Derecho", asegura, exigiendo justicia para que aquellos que han abusado de su poder rindan cuentas.