SEVILLA, 11 de octubre.

La Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha tomado la significativa decisión de modificar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que permitirá la creación de siete nuevas plazas destinadas a hacer frente a un notable aumento en la carga laboral que se ha intensificado a lo largo de 2025.

Esta modificación fue formalmente aprobada en un acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía fechado el 1 de octubre de 2025, el cual ha sido examinado por Europa Press, y que establece la inclusión de estas nuevas vacantes en la RPT de la Oficina Antifraude.

Desde su creación bajo la Ley 2/2021, de 18 de junio, que aborda el fraude y la corrupción en Andalucía, la RPT presentada en mayo de 2022 había definido un número mínimo de puestos necesarios para el correcto funcionamiento de la Oficina, la cual comenzó a operar efectivamente el 1 de junio de ese mismo año.

Desde su inicio, la Oficina ha visto un incremento en su plantilla; en julio de 2023, se añadieron tres nuevas posiciones, y en abril de 2024, se ampliaron cinco más, en respuesta al creciente volumen de trabajo de la entidad.

La reciente aprobación subraya que la tendencia al alza de la carga laboral en las tres subdirecciones de la OAAF —Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al Denunciante; Investigación, Inspección y Régimen Sancionador; y Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TIC— se ha reafirmado en 2025. Esto ha llevado a una acumulación de tareas, resultando en tiempos de respuesta largos y una creciente dependencia en el sistema administrativo.

A pesar de la dedicación constante del personal, el acuerdo de la Mesa del Parlamento destaca la necesidad urgente de aumentar la plantilla y realizar ajustes reglamentarios para mejorar la eficiencia de los procedimientos, dado que un elevado número de casos se encuentra en espera de resolución.

Los principales objetivos de la OAAF, que incluyen la prevención del fraude, corren el riesgo de verse gravemente afectados si no se implementan las mejoras necesarias en la normativa y en la estructura del personal. Así se indica en el acuerdo, que enfatiza la importancia de contar con los recursos humanos adecuados para mitigar la acumulación de casos y acelerar el proceso de tramitación de denuncias.

El informe también menciona que hay actualmente 870 procedimientos pendientes, de los cuales 800 son investigaciones, lo que contrasta drásticamente con los plazos establecidos por la legislación, que prevé un máximo de seis meses para la resolución. La ineficiencia en este sentido puede dar lugar a situaciones no deseadas, como la prescripción de casos.

El documento, firmado por el letrado mayor de la Cámara, Manuel Carrasco, resalta que cerca de mil denuncias recibidas en la OAAF, según la última memoria, subrayan la creciente confianza de la ciudadanía en esta institución, lo que hace determinante que no se frustre su expectativa de respuesta ante temas de tanta relevancia social.

Con la creación de estos siete nuevos puestos, se busca concretar una solución a la situación actual de colapso, incluyendo cuatro asesores técnicos en diversas áreas y un puesto adicional para un adjunto en el Departamento de Tecnología y Seguridad de la Información. Además, se incluirán dos plazas más para personal funcionario centradas en investigación y tramitación administrativa.

Adicionalmente, en respuesta a la situación de congestión en los procedimientos de investigación, la OAAF ha implementado esta semana una instrucción que establece criterios de priorización en el manejo de estos casos, asegurando que los asuntos más delicados y urgentes reciban atención preferente.

El director de la Oficina, Francisco de Paula Sánchez, explica que esta medida responde a la necesidad de clasificar los casos de acuerdo a su gravedad; los que implican riesgos serios para la salud pública, menores, o daño al medioambiente, entre otros, tendrán prioridad en el proceso de tramitación.

De esta manera, la OAAF refuerza su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción, asegurando que la respuesta administrativa sea adecuada y efectiva, protegiendo así la confianza ciudadana en las instituciones públicas.