Las cadenas de supermercados inflan precios de alimentos y perjudican a los consumidores, denuncia la UPA.
En plena crisis agraria, el vicesecretario general de Agricultura de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Andalucía, Francisco Moscoso, ha alzado la voz contra la falta de rentabilidad que sufren los agricultores y ganaderos andaluces. Según denuncia, la política abusiva y especulativa de los intermediarios y de la gran distribución ha provocado un aumento exorbitante de los precios en los supermercados, llegando a diferencias alarmantes de hasta el 2,400% en productos como el maíz dulce y el 1,100% en naranjas.
UPA Andalucía ha destacado que la realidad en el campo contrasta con las estadísticas oficiales que parecen minimizar la situación, señalando una discrepancia significativa entre lo que se paga en origen y lo que finalmente desembolsa el consumidor en los establecimientos.
La disparidad de precios se ha sentido con más fuerza en productos de temporada como la sandía y el melón, donde los agricultores reciben apenas una fracción de lo que se cobra en los supermercados. La escasez de agua y riego ha llevado a la renuncia de cultivos como el ajo y la cebolla en lugares como Córdoba, agravando aún más la crisis. Además, productos como el trigo duro y blando se han vendido a precios irrisorios, sin alcanzar siquiera a cubrir los costes de producción.
Moscoso ha alertado sobre la implacable diferencia entre lo que perciben los agricultores y lo que terminan pagando los consumidores, mencionando que la situación se ha vuelto insostenible para los eslabones más débiles de la cadena alimentaria. Destacando casos extremos como el maíz dulce con un incremento del 2,400% y otros productos como la naranja, el limón y el tomate con aumentos de más del 1,000% respecto a los precios de origen.
En medio de este panorama desolador, el llamado a la implementación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria resuena con fuerza. Moscoso ha exigido sanciones contundentes para aquellos que incumplan la normativa, un mayor control de los contratos y la creación de un Observatorio de Márgenes Comerciales para transparentar los beneficios que obtienen los distintos actores de la cadena. Es fundamental garantizar condiciones justas para los trabajadores del campo, quienes merecen vivir dignamente de su esfuerzo y dedicación.
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