En Sevilla, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado su preocupación por las consecuencias judiciales que se derivan de la segunda sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso ERE.

Según Sanz, lo más grave de los pronunciamientos del Constitucional es el peligro que representa para la recuperación del dinero malversado en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. El objetivo principal del Gobierno de Andalucía es recuperar ese dinero y estos fallos judiciales amenazan ese proceso.

El consejero ha señalado que el escándalo de los ERE aún no ha terminado, y ha advertido sobre la importancia de respetar las decisiones judiciales que se tomen en instancia superiores. La sociedad está en estado de incredulidad ante la magnitud de corrupción que se revela en este caso.

En su análisis de las sentencias y las actuaciones ilegales descritas en el caso ERE, Sanz ha destacado el papel fundamental que jugará la Audiencia y el Tribunal Supremo en futuras decisiones. El dinero de los parados andaluces ha sido utilizado de manera fraudulenta y se deben tomar medidas para recuperarlo.

El Partido Socialista no puede desentenderse de este escándalo, según Sanz, y debe reconocer la gravedad de los hechos que se han llevado a cabo bajo su responsabilidad. La corrupción que involucra este caso no puede ser pasada por alto.

En última instancia, el consejero ha hecho un llamado a que se respete la labor de la justicia y se continúe luchando por la recuperación de los fondos malversados en el caso ERE, que siguen representando un importante desafío para la administración pública.