SEVILLA, 19 de enero. El catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, quien hasta el pasado sábado se postulaba para ocupar la Secretaría General del PSOE de Andalucía, ha contribuido como coautor a un ambicioso proyecto de investigación. En este trabajo, se estableció un modelo de financiación inspirado en el dictamen del Parlamento de Andalucía de 2018, el cual podría significar una mejora sustancial de 9.000 millones de euros para la comunidad andaluza.

El informe, titulado 'Propuesta sobre reforma de los fondos de financiación de las comunidades autónomas definidas en la Ley 22/2009', fue elaborado y firmado en 2022 junto al profesor de Economía de la misma universidad, Pedro Atienza, quien se desempeña como investigador principal del proyecto.

En su labor, los autores realizaron simulaciones basadas en el modelo entre los años 2010 y 2019, analizando el anterior marco de financiación que estuvo vigente de 2009 a 2014 y que actualmente se considera caducado.

Según las proyecciones elaboradas para el caso andaluz, el año base del modelo sería 2019. En este contexto, se indica que, de aplicarse el nuevo modelo de financiación, Andalucía podría haber recibido una cantidad adicional de 3.387,2 millones de euros, lo que representa un 15,5% más de los recursos que ya tenía asignados.

Los estudios de Atienza y Hierro destacan que, bajo el modelo propuesto, Andalucía podría experimentar una mejora notable en sus recursos. En dos escenarios posibles relacionados con la definición de la población ajustada, la comunidad autónoma alcanzaría una ganancia acumulada de entre 9.040,1 millones y 9.307 millones de euros a lo largo de todo el período analizado.

Con el incremento de 3.387,2 millones de euros en el primer año base, afirman que Andalucía se posicionaría como la comunidad autónoma con mayor ganancia absoluta, y la quinta en términos relativos, en recursos tanto en euros como por habitante.

Para el mismo año de referencia, los autores establecen que Andalucía necesitaría 19.459,35 millones de euros para mantener sus servicios fundamentales. Esta cantidad representaría el 17,78% del total asignado a todas las regiones, que asciende a 109.392,52 millones de euros.

Las conclusiones del informe se basan en el 'Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública' respecto al 'Informe del Grupo de trabajo relativo a financiación autonómica', que fue aprobado el 9 de marzo de 2018.

Los investigadores subrayan que todas las comunidades autónomas, a excepción de Cantabria, La Rioja, Extremadura y Baleares, se beneficiarían del modelo propuesto. A su vez, indican que las cinco comunidades que experimentarían mayores mejoras en términos relativos serían Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Madrid y Andalucía, que son precisamente las que más sufren la infrafinanciación con el sistema vigente actualmente.

Los autores explican que, con el modelo planteado, se inyectarían 14.973 millones de euros al sistema, provenientes de los recursos adicionales que el Estado aportaría al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Este esfuerzo busca garantizar una financiación mínima para que las comunidades puedan cubrir sus gastos fundamentales.

Con respecto al principio de statu quo, el cual estipula que no debe haber pérdidas de recursos al cambiar de un modelo de financiación a otro, Atienza y Hierro sugieren un diseño que contempla una compensación transitoria que vaya disminuyendo progresivamente a lo largo de un período de cinco años.

El dictamen de la Comisión de Hacienda establece que las necesidades de financiación global para los servicios públicos fundamentales deberían equivaler a la suma de los recursos del actual Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para el año base.

A esta cifra se añadirían los recursos adicionales que provengan de la Administración General del Estado, siguiendo el mismo principio con los gastos asociados al resto de servicios.

Atienza y Hierro enfatizan la importancia de determinar las necesidades específicas de gasto para cada comunidad en el año base, destacando que el dictamen del Parlamento recomendaba usar "la población ajustada" como criterio para la asignación de los recursos destinados a servicios públicos fundamentales, mientras que utilizarían la población real para los demás servicios.

En cuanto a las fuentes de financiación de estos servicios fundamentales, señalan la recaudación normativa de tributos como el IRPF, el IVA y otros impuestos especiales. Proponen que, en el caso del IRPF, se mantenga el mismo peso que en el modelo de 2009 a 2014 (50%) y que se eleve al 70% el rendimiento cedido en IVA e impuestos especiales.

Para la protección de los servicios fundamentales, introducen un nuevo mecanismo de nivelación, que hay que considerar como el Fondo de Sostenibilidad, alimentado por las diferencias –ya sean positivas o negativas– entre las necesidades de gasto y los recursos tributarios mencionados.

Respecto al financiamiento de otros servicios, proponen utilizar la recaudación normativa de los tributos tradicionales en el modelo actual y que la transferencia de nivelación sea una asignación que la Administración General del Estado brindaría, asegurando que esos recursos adicionales solo se destinen a aquellas comunidades cuya recaudación no cubra sus necesidades fundamentales.

Para la revisión anual del modelo, a partir del año base, sugieren considerar la tasa de variación del PIB nominal entre todas las comunidades, buscando de esta forma mantener la equidad vertical en la distribución de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas.

Finalmente, en relación al equilibro vertical del sistema, los autores se refieren al dictamen andaluz que planteaba mantener un porcentaje constante del total de la financiación autonómica en relación al PIB nominal. Aportan, además, que el cumplimiento de esta norma durante el periodo de 2010 a 2019 hubiera requerido que el Estado desembolsara una cuantía acumulativa de 25.503,2 millones de euros.

Sobre la base de sus cálculos para las necesidades de financiación en 2019, que se considera el año base de su modelo, mencionan que la cifra total se sitúa en 109.392,5 millones de euros, lo que se alinea con el explícito dictamen del Parlamento, que sostiene que el nivel mínimo aceptable para los servicios públicos fundamentales debería corresponder al gasto efectivo, descontando competencias específicas y financiación finalista.

Además, añaden que hay una necesidad de una contribución estatal adicional de 14.971,3 millones de euros, recordando que el Parlamento subrayó el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales como el criterio decisivo para las necesidades globales de financiación en este ámbito, que en el año 2019 se estimaba en 94.421,2 millones.

En relación con la financiación para el resto de los servicios, los autores proponen considerar la diferencia entre el total de financiación de todas las comunidades, que asciende a 119.613,4 millones de euros y el monto dedicado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, lo que representa 25.192,2 millones de euros.

Al contemplar las necesidades de gasto de cada comunidad en servicios públicos esenciales y otros servicios, recalcan que el dictamen del Parlamento abogaba por ampliar la cobertura en educación, extendiendo el tramo de edad en el que se definen las necesidades desde 0 a 16 años hasta 0 a 18 años, incluyendo además a los alumnos matriculados en universidades públicas.

Asimismo, se proponen ampliaciones importantes en servicios sociales, sugiriendo no solo incorporar a la población mayor de 65 años, sino también la tasa de desempleo, la cantidad de personas en riesgo de pobreza y aquellos dependientes, elementos que aumentan la complejidad del contexto social actual.

Finalmente, los investigadores hacen énfasis en que han incluido la población mayor de 65 años ponderada por segmentos de edad, así como el número de desocupados sin prestaciones. Afirman que han respetado las ponderaciones del modelo vigente, aunque han realizado ciertos ajustes en función de las recomendaciones del informe del Ministerio involucrado.