SEVILLA, 14 de junio. En el marco del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, el colectivo memorialista de Sevilla ha organizado una manifestación en la Plaza Nueva a las 11:00 horas. Su objetivo es exigir a las instituciones andaluzas que implementen políticas efectivas que impulsen la memoria de las víctimas y promuevan la verdad, la justicia y la reparación.

Los activistas han expresado su firme oposición al desmantelamiento de las políticas públicas relacionadas con la memoria histórica, que han ralentizado iniciativas ya en marcha y han incumplido las normativas de memoria tanto a nivel estatal como andaluz. Además, critican la drástica reducción de los fondos destinados a estas iniciativas por parte de la Junta de Andalucía, y destacan que el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, fruto de un acuerdo entre el Gobierno local del PP y Vox, ha quedado completamente vacío de partidas para la memoria histórica. Esta situación ha sido celebrada por Vox.

A medida que el PP ha tomado el control de diversos ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, los activistas han advertido de un retroceso significativo en las políticas de memoria histórica. Una clara muestra de esto es el acuerdo firmado por el Estado, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla que busca facilitar la exhumación de la fosa común Monumento en el Cementerio Municipal de San Fernando, donde, de acuerdo con el historiador José Díaz Arriaza, descansarían los restos de 7.440 personas, de las cuales 2.616 podrían haber sido víctimas de la represión militar tras el golpe de estado de 1936.

El colectivo responsabiliza al Gobierno local, encabezado por José Luis San, de haber cerrado la Oficina de Memoria Histórica y de haber interrumpido el programa de recogida de muestras de ADN, además de paralizar la exhumación de la fosa Monumento debido a la falta de un convenio de financiación. Subrayan también la "ralentización" del Centro de la Memoria de Ranilla y la inacción en relación con el Consejo Sectorial de Memoria Democrática, que fue constituido a fines de 2024, así como la eliminación de programas educativos relacionados con la memoria.

Por su parte, el Gobierno andaluz, dirigido por Juanma Moreno, ha esgrimido un cantidad de un millón de euros para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, los activistas señalan que se han producido recortes drásticos en las aportaciones económicas a los planes de memoria democrática, y critican la falta de resultados en la identificación de víctimas, así como la insuficiente información sobre los avances en esta materia.

A pesar de que la Junta promete la exhumación de 298 restos en 2024 y el análisis de varias muestras de ADN, los activistas argumentan que tanto el PP como Vox mantienen una postura revisionista que busca limpiar la imagen de la dictadura franquista, y por ello se oponen a las políticas de memoria pública.

Las asociaciones de memoria histórica han reiterado su demanda de que las familias tengan acceso a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos, exigiendo justicia y reconocimiento moral para todas las víctimas del franquismo, incluyendo aquellas cuyos derechos fueron vulnerados tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, en el contexto de las luchas por la democracia y los derechos humanos.

El movimiento memorialista ha hecho un llamado al conjunto de la ciudadanía, con especial énfasis en la juventud que no vivió aquellos años de represión, pero que carga con la historia de torturas y asesinatos silenciosos de sus abuelos. "Es un compromiso pendiente recuperar la memoria de quienes lucharon por nuestra libertad; ahora nos corresponde a nosotros defenderla", han declarado.