La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, abordó hoy en el Senado la investigación en curso que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva a cabo respecto al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Montero subrayó que las pesquisas se centran en un periodo posterior a la salida de este individuo de la entidad, al mismo tiempo que insistió en que, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia de irregularidades en el manejo de los contratos.

En su intervención, la ministra rebatió las acusaciones del Partido Popular dirigidas hacia la SEPI, defendiendo el empeño y la transparencia de la entidad, cuyos registros contables han sido revisados tanto internamente como externamente.

Montero compareció ante el Senado para ofrecer detalles sobre las alegaciones de prácticas indebidas relacionadas con la SEPI, tras las recientes detenciones de Vicente Fernández, quien lideró la compañía, junto a la ex socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Estas acciones forman parte de una pesquisa de la Audiencia Nacional sobre posibles irregularidades en la contratación pública, que han requerido intervenciones por parte de la Guardia Civil en las oficinas de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

La ministra expuso que Fernández dejó su cargo en la SEPI "hace dos años" antes del periodo específico que actualmente está bajo el escrutinio de la UCO, indicando que las investigaciones se centran exclusivamente en los años 2021 a 2023, es decir, post su gestión.

“Las indagaciones de la UCO no coinciden con el tiempo de servicio de las personas involucradas en la SEPI. Se están analizando eventos ocurridos tras su salida,” aclaró Montero, añadiendo que, “no existe por ahora ninguna evidencia que sugiera que se haya actuado al margen de la ley en la tramitación de expedientes,”. Insistió, además, en que será responsabilidad de aquellos que, tras dejar el ámbito político, presuntamente, se han vinculado con empresas ahora en el foco de la UCO rendir cuentas de sus acciones.

La ministra consideró que, basándose en la información existente, no hay “ningún aspecto que comprometa” a la SEPI en cuanto a su funcionamiento. “Lo que se deberá evaluar es si las acciones de personas específicas, al finalizar su labor en la SEPI, han sido ilícitas o no una vez que los tribunales realicen sus determinaciones”, manifestó.

Montero reafirmó el compromiso del Gobierno y del PSOE en tomar cartas en el asunto ante cualquier alegación de corrupción. “Nosotros exigimos responsabilidades políticas, iniciamos procedimientos de expulsión dentro del partido y colaboramos con el sistema judicial desde el primer momento”, concluyó.