El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su intención de considerar acciones legales contra el reciente decreto ley del Consejo de Ministros, el cual establece un marco para la reubicación de menores migrantes no acompañados, un acuerdo que surge del pacto con Junts. Varias comunidades lideradas por el Partido Popular, como Aragón y Castilla y León, ya han hecho pública su decisión de acudir al Tribunal Constitucional en defensa de sus intereses.

Durante una conferencia de prensa en Zaragoza, donde se reunió con el presidente aragonés, Jorge Azcón, Moreno enfatizó que su administración tiene la responsabilidad de "respetar las leyes" y de "mantener la institucionalidad", un principio fundamental que garantiza el respeto y la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes.

El presidente andaluz subrayó que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, su administración actúa conforme a la ley, independientemente de la posibilidad de presentar un recurso contra lo que él define como un "nuevo atropello" y una "cesión" más al líder de Junts, Carles Puigdemont, evidenciando la "debilidad" del Ejecutivo nacional.

Moreno cuestionó, de manera contundente, la legitimidad de que alguien a más de 2.000 kilómetros de distancia establezca cuántos migrantes debe aceptar Andalucía o Aragón, haciendo alusión a Puigdemont. Se mostró preocupado por la falta de sensatez en esta situación y resaltó que no es razonable desarrollar políticas migratorias sin el consenso de las comunidades autónomas, las cuales tienen competencias directas en esta materia.

Calificó la situación como un "disparate colosal" desde diversos ángulos, incluyendo el legal, social y político, y manifestó su incredulidad ante la incapacidad del Gobierno central de reflexionar sobre la situación o de empatizar con los menores, a quienes se trata "como si fueran paquetes de Amazon".

El presidente andaluz también recordó experiencias pasadas, mencionando que el Gobierno central envió a Andalucía más de 600 migrantes adultos sin informar adecuadamente, quienes luego resultaron ser menores, un hecho que ha obligado a la Junta a asumir responsabilidades en su atención.

Finalmente, Moreno reiteró sus críticas hacia el Gobierno nacional por la "falta de comunicación, transparencia y lealtad institucional" en el tratamiento de temas migratorios, resaltando la urgencia de una mejor colaboración entre administraciones para abordar esta compleja problemática.