En una jornada marcada por tensiones políticas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su descontento con el Gobierno en relación a la falta de atención a las demandas de financiación autonómica de Andalucía. Entre estas demandas se encuentran la creación de un Fondo Transitorio de Nivelación y la actualización de las entregas a cuenta, cuestiones que Moreno ha planteado durante la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona.

En declaraciones posteriores a la conferencia, Moreno ha criticado abiertamente a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por no haber respondido a sus demandas durante el encuentro. Aseguró que Montero no aportó nada significativo a la discusión y sugirió que su actitud indica una falta de apoyo hacia las necesidades de Andalucía.

El presidente andaluz ha recordado que su petición no es nueva, argumentando que coincide con lo que Montero exigía cuando era consejera en la Junta de Andalucía. Moreno utilizó un documento oficial como referencia para respaldar sus afirmaciones, destacando la desigualdad en el trato que reciben las reivindicaciones de Andalucía según el rol que desempeñe Montero.

Según Moreno, la situación actual es casi insostenible para Andalucía, que necesita urgentemente aproximadamente 1.547 millones de euros en forma de revisión de ingresos tributarios. Esta falta de respuesta por parte del Gobierno central ha calificado como una incoherencia por parte de Montero y del presidente del Gobierno, poniendo de manifiesto un contraste inaceptable entre discursos pasados y presentes.

Moreno no dudó en recordar que Montero también había rechazado en el pasado la condonación de deuda, subrayando que ninguna de sus promesas ha sido cumplida. En este sentido, expresó su sorpresa por la reacción de algunos de sus aliados, quienes al parecer ignoraban esta situación y mostraron incredulidad ante su discurso.

Consciente de las implicaciones políticas de este cambio de postura, Moreno advirtió que Montero podría enfrentarse a dificultades al intentar justificar su evolución en las próximas elecciones para la presidencia de la Junta de Andalucía. Considera que sus opiniones contradictorias sobre las necesidades de Andalucía son una evidente traición a la comunidad, motivada por un intento por complacer a los independentistas catalanes.

En la conferencia, Moreno también enfatizó la urgencia de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para renegociar un nuevo modelo de financiación autonómica y pidió la eliminación del proyecto de ley para la condonación de deudas, recordando que este debate no debería opacar la necesidad de una revisión del sistema de financiación.

En otro ámbito, el presidente andaluz destacó la necesidad de inversiones significativas, solicitando 544 millones para modernizar las redes eléctricas en Andalucía, donde algunas provincias, como Almería y Granada, aún sufren las consecuencias de apagones recientes. Afirmó que la densidad de redes en la región está significativamente por debajo de la media nacional.

Además, Moreno denunció que el Gobierno central tiene pendientes 30 infraestructuras ferroviarias cruciales para Andalucía, como los corredores logística del Atlántico y Mediterráneo, que requieren un impulso inmediato para su desarrollo. Subrayó que Andalucía es una de las comunidades autónomas que menos progreso ha logrado en cuanto a inversiones estatales en infraestructura.

En el ámbito sanitario, el presidente pidió un Pacto Nacional por la Salud que contemple un aumento de fondos, más plazas para médicos residentes y mejores condiciones laborales para retener al personal sanitario formado en la región.

Con respecto a la vivienda, hizo un llamado al Gobierno para que evite imponer restricciones a las comunidades autónomas en la implementación de políticas habitacionales, resaltando que Andalucía cuenta con el parque público más grande del país y ha iniciado un importante número de viviendas nuevas en los últimos años.

Finalmente, enfatizó la necesidad de establecer un Plan Nacional contra la ocupación que ofrezca seguridad jurídica a los propietarios en casos de impagos de alquileres, subrayando la importancia de una gestión responsable y justa de la vivienda en Andalucía.