JAÉN, 13 de enero.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular Andaluz, ha manifestado este lunes su preocupación sobre el “desprestigio” que, a su juicio, supone para la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España el “insólito” caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Este último ha sido citado por el Tribunal Supremo para declarar como imputado el próximo 29 de enero en relación a una investigación sobre una supuesta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante una atención a medios tras participar en la presentación de la Alianza Andaluza del Biogás A2BIO en Jaén, Moreno contextualizó esta cita dentro del “procedimiento habitual” que sigue la justicia al investigar cualquier caso. Sin embargo, también señaló la peculiaridad de que un alto cargo del Estado, como el fiscal general, se vea en esta situación.

“Lo que ocurre es algo absolutamente insólito”, afirmó el presidente, quien subrayó que “nunca antes en la historia de nuestra democracia habíamos presenciado a una figura de tal relevancia, ni más ni menos que el fiscal general del Estado, enfrentándose a una imputación y envolviéndose en una causa judicial”. Esta situación, según Moreno, es un indicativo de que “las cosas no se han hecho bien”.

El presidente andaluz no dudó en expresar que este episodio representa “un desprestigio” tanto para la Fiscalía General como para el Gobierno que designó a García Ortiz en su cargo. Además, manifestó su deseo de que la situación se aclare a la mayor brevedad posible y subrayó la necesidad de que el Gobierno central deje de “interferir, manipular y ocupar espacios que no le competen”, independientemente de su color político.

Moreno insistió en su convicción de que “los poderes deben estar separados”, ya que esta separación es fundamental para garantizar la “higiene democrática” que necesita la sociedad. Su declaración enfatiza la importancia de la independencia del poder judicial y la necesidad de evitar que el Ejecutivo, de cualquier signo, intervenga en sus funciones.