En la jornada de hoy, 5 de diciembre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamado urgente al Gobierno central en el contexto del actual debate sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. Moreno ha enfatizado la necesidad de que se aporten recursos adecuados y que se garanticen fronteras que puedan considerarse "seguras".

Durante una rueda de prensa, y al ser preguntado sobre la posible colaboración de Andalucía con el nuevo plan del Gobierno para la atención de estos menores, el presidente ha dejado claro que cualquier acción debe ser el resultado de "negociaciones" basadas en el cumplimiento efectivo de las promesas del Ejecutivo nacional.

Moreno ha subrayado que es imperativo que el Gobierno central implemente las medidas recomendadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), las cuales, según sus declaraciones, aún no han sido aplicadas. Además, ha instado a que se destinen recursos financieros para abordar la situación de manera efectiva.

El presidente andaluz ha reiterado la visión de Andalucía como una región "solidaria", especialmente considerando la crisis que enfrentan "nuestros vecinos, amigos y compatriotas de Canarias". A pesar de esta disposición hacia la ayuda, ha dejado en claro que es responsabilidad del Gobierno central mantener la seguridad en las fronteras exteriores del país.

Moreno ha manifestado que es esencial que el Gobierno garantice la seguridad de las fronteras exteriores de España y actúe con compromiso hacia los países de origen de los migrantes, con el fin de evitar situaciones críticas como la que se vive actualmente en Canarias, a la que ha calificado como un "drama humano".

El líder del Partido Popular en Andalucía también ha recordado que se han solicitado una serie de compromisos al Gobierno central que, hasta el momento, no han sido cumplidos. Para Moreno, el Ejecutivo nacional debe mostrar mayor "sensibilidad" en estos asuntos, ya que a su juicio, la falta de respuesta adecuada está afectando gravemente a las comunidades autónomas, las cuales son responsables de la integración, tutela y educación de los menores migrantes. Para ello, ha enfatizado la necesidad de que el Estado complemente los esfuerzos con recursos significativos.