En una decisión que marca un hito en la política cordobesa, la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, ha sido condenada a seis años y nueve meses de cárcel por su gestión en el Ayuntamiento, tanto durante su etapa socialista como al liderar el partido independiente Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ). Los delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, malversación y falsedad en documento oficial en los proyectos del tren turístico del Guadiato, el museo del ferrocarril y el vagón restaurante son los motivos detrás de esta sentencia histórica.

La sentencia, publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y difundida por medios locales como 'Diario Córdoba' y 'ABC', también impone una inhabilitación de 19 años para empleo o cargo público a Luisa Ruiz. El presunto cabecilla de la trama recibe una condena de cuatro años y once meses de prisión, mientras que tres empresarios son absueltos.

En cuanto a la responsabilidad civil, se establece que el empresario considerado cabecilla de la trama debe indemnizar al Ayuntamiento con más de 600.000 euros, relacionados con facturaciones no relacionadas con trabajos reales en el proyecto del tren turístico del Guadiato. Por su parte, la exalcaldesa debe indemnizar al Instituto de Reestructuración de la Minería en cantidades entregadas al Consistorio pero no dirigidas al objeto de la subvención.

La sentencia detalla cómo la empresa municipal Pivag fue utilizada para evitar la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, generando facturas que justificaban el gasto de subvenciones. Este entramado de facturación irregular fue conocido y tolerado por la entonces alcaldesa María Luisa Ruiz, evidenciando un enriquecimiento ilícito a través de prácticas fraudulentas.

La condena también incluye diversas penas relacionadas con delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y falsedad en documento público, donde Luisa Ruiz es sentenciada a inhabilitación especial y cuantiosas multas. La responsabilidad civil implica indemnizaciones tanto al Instituto para la Transición Justa como al Ayuntamiento por cantidades desviadas de sus fines originales.

En definitiva, esta sentencia marca un antes y un después en la política local y envía un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia la corrupción y el mal uso de fondos públicos en la gestión municipal.