El próximo lunes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha convocado a la pareja de Ana Julia Quezada, quien fue condenada por el homicidio de Gabriel Cruz, para que declare en relación a presuntas amenazas dirigidas a la madre del menor, Patricia Ramírez.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la declaración está programada para las 11:30 horas y se llevará a cabo mediante videoconferencia. Esta es la segunda convocatoria para M.A.R.Q., quien en julio pasado decidió no comparecer, argumentando que no había tenido acceso a toda la información del caso.

La denuncia contra Quezada fue presentada por la madre de Gabriel, quien aseguró que la condenada la amenazó estando en la prisión de Brieva, en Ávila. Esta se encuentra en medio de un nuevo proceso por cohecho, relacionado con la supuesta entrega de teléfonos móviles a cambio de favores sexuales a dos funcionarios penitenciarios.

Durante su declaración ante la jueza María Belén López en julio, Patricia Ramírez reafirmó su denuncia inicial del 31 de diciembre, alegando que había recibido advertencias sobre posibles represalias debido a su oposición a un documental sobre el crimen.

“Confío en que se prosiga con la investigación y se tomen las protecciones necesarias para recuperar mi seguridad y mi tranquilidad ante las irregularidades que están ocurriendo”, expresó Ramírez a la salida de la Ciudad de la Justicia.

En la sesión anterior, la principal acusada negó las amenazas mencionadas. También se tomó la declaración de un testigo propuesto por la acusación, una persona vinculada a un servicio de tarot que supuestamente alertó a Ramírez sobre los peligros que podría enfrentar.

La abogada de la acusación, Verónica Guerrero, destacó el papel clave de este testigo y presentó pruebas audiovisuales que respaldan la denuncia. "Ha hecho un trabajo magnífico al comunicarse con Patricia y compartir la información recibida", subrayó Guerrero.

A pesar de que la causa fue archivada provisionalmente inicialmente, se reabrió tras la apelación de la acusación, que solicitó nuevas evidencias. La jueza ha tomado medidas para proteger la identidad de Patricia Ramírez, anonimando sus datos en ambos procesos judiciales en Almería y Ávila, algo que la denunciante ha agradecido, reconociendo el interés del tribunal en su caso.

La indagación continúa para esclarecer si Quezada pudo haber transmitido amenazas a través de otras personas, empleando o no medios ilegales desde el interior de la prisión.