En Sevilla, el 24 de octubre, la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco) y la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) han presentado conjuntamente alegaciones en contra del proyecto de Real Decreto que regula el funcionamiento de Tragsa y Tragsatec, solicitando que se limite la cantidad de encargos que estas entidades pueden recibir. El sector de la construcción y la ingeniería ha mostrado su preocupación y descontento, instando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tomar medidas para garantizar un mercado justo y competitivo.

De acuerdo con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), estas compañías, originalmente creadas para atender situaciones de emergencia y asistencia técnica en zonas rurales, han ampliado considerablemente su ámbito de acción, lo que ha llevado a una competencia desleal con las empresas privadas del sector. Las asociaciones empresariales del sector de la ingeniería y la construcción en Andalucía han señalado que las adjudicaciones directas de contratos a Tragsa y Tragsatec están generando distorsiones en el mercado.

Además, se ha acusado a estas entidades de tomar proyectos que no se corresponden con situaciones de urgencia, sino más bien con obras y servicios que podrían ser realizados por empresas privadas a través de procesos competitivos y transparentes. Por lo tanto, Fadeco y Asica han denunciado que estas acciones buscan encubrir muchas actuaciones ilegales.

En este sentido, se ha manifestado una falta de especificidad en la regulación del régimen jurídico de estas entidades en cuanto al mecanismo de control "encargo a encargo". También se ha pedido una regulación más detallada de las funciones de la Comisión de Control Conjunto previstas en el proyecto de Real Decreto, ya que la propuesta actual no garantiza un control efectivo sobre la actividad de las empresas.

En respuesta a esto, Fadeco y Asica han sugerido modificar el modelo de representación de la Comisión de Control Conjunto para asegurar que todos los poderes adjudicadores puedan ejercer un control efectivo conjunto sobre el medio propio. Además, han exigido la eliminación de la regulación de dos supuestos de presunción de urgencia que no están contemplados en la Ley de Contratos del Sector Público, ya que no hacen referencia a la declaración de urgencia.

Asimismo, se ha identificado un carácter irregular en la regulación masiva de las tarifas de encargos que no entran en el objeto social de estas entidades, lo que lleva a que las tarifas aprobadas abarquen más áreas de actuación con el tiempo. En este sentido, se ha señalado que es ilegal que una Administración que no supervisa a Tragsa ni Tragsatec, reciba y pague sus servicios a través de un convenio de colaboración con otra administración que sí los controla.

Por último, la CEA ha destacado la preocupación de ambas entidades respecto a que el proyecto de Real Decreto permita superar el límite del 50% de subcontratación de prestaciones parciales de los encargos, normalizando esta práctica de manera ordinaria y sin necesidad de justificación, lo cual va en contra de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.